Las pesquisas que ha efectuado la Policía Judicial de la Guardia Civil sobre la presunta trama de corrupción en Emaya durante la pasada legislatura tienen una doble vertiente: presuntas irregularidades y trato de favor con algunos proveedores y enchufismo de militantes de UM, que habrían sido colocados en la empresa a través de un departamento llamado Ciudadanía. Según el imputado arrepentido Germán Chacártegui, defendido por Juan José Cano de Alarcón, la presidenta y la gerente de Emaya, Cristina Cerdó y Malén Tortella, ambas de UM, crearon ese departamento como una especie de oficina de colocación para gente del partido. Aina Calvo fue interrogada ayer acerca de su conocimiento sobre Ciudadanía y manifestó que se enteró de su existencia por los medios de comunicación. Ciudadanía no figuraba en el organigrama de Emaya y, en teoría, se solapaba con el servicio de atención a los ciudadanos, que funcionaba mediante un teléfono específico. Según Chacártegui, las empleadas de Ciudadanía eran de UM. Por allí desfilaban los enchufados de ese partido que encontraban trabajo en la empresa municipal. "Les recordaban que tenían que votar a UM como agradecimiento", añadió el arrepentido.
Chacártegui estaba citado ayer a declarar como imputado, pero no pudo comparecer por una indisposición. El juez ha interrogado en el último mes a varios encausados y a testigos y no descarta hacer piezas separadas en el caso.
