La plataforma de vecinos y comerciantes de la Platja de Palma y Llucmajor reclama la retirada del plan de reconversión y ha anunciado que acudirá a los tribunales de justicia si el Consorcio no tiene en cuenta las alegaciones que su entidad ha presentado.
Maria Soledad Sarabia, en calidad de presidenta de la federación Palmesana d´Entitats Ciutadanes (Fepae), y Enric Salvá, como presidente de la plataforma vecinal y comercial, explicaron ayer, poco después de presentar el texto de alegaciones a la aprobación inicial del Plan de Reforma Integral de la Platja de Palma, que la ley del Parlament que ha dado pie a la tramitación del plan conculca varios preceptos constitucionales. Afirman que la Ley ha permitido saltarse el avance de planeamiento, "cercenando y eliminando el trámite de información pública, eliminándose así los derechos constitucionales de participación ciudadana".
En relación a este punto, la comisionada del consorcio de la Platja de Palma, Margarita Nájera, afirmó que "la Ley del Parlament cumple todos los parámetros legales y se aprobó por unanimidad por todos los partidos políticos y con todos los informes positivos".
A partir de ahí, indicó que cualquier persona está en su derecho de acudir a los tribunales de justicia, aunque afirmó que este hecho, en principio, no retrasaría la tramitación del plan, "aunque sí podrían hacerlo el volumen de impugnaciones presentadas".
Pese a que Sarabia y Salvá indicaron que la primera petición de la plataforma consiste en la retirada de "este plan", indicaron que han aceptado presentar alegaciones, tras la promesa recibida por parte del president Francesc Antich; la alcaldesa de Palma, Aina Calvo; y la presidenta del Consell de Mallorca, Francina Armengol, en el sentido de que la propuesta que ahora se ha expuesto al público será cambiada.
Recordaron que el escrito presentado ayer representa asimismo a más de 900 afectados por expropiaciones, cambios de uso o propuestas de compensación urbanística, que se refuerzan con una recogida de firmas –que va a proseguir más allá de la finalización del plazo– y que ayer por la mañana ya contabilizaba más de 4.000 adhesiones.
El rechazo al plan se basa en la falta de motivación y justificación de las actuaciones desde el punto de vista de la utilidad pública que se contempla en la memoria. Entre ellas, citan el denominado Centro del Mediterráneo o la implantación de un edifico de cuatro plantas para aparcamiento de vehículos.
Consideran también que se ha incurrido en "fraude de ley y desviación de poder" proponiendo actuaciones en locales y viviendas en pleno funcionamiento justificadas sólo porque el ámbito general está en proceso de degradación.
También señalan que algunas de las actuaciones propuestas son "inviables", carentes de "interés público", faltas de "transparencia" y que generan "indefensión del administrado". Igualmente, rechazan las "calificaciones directas y fraudulentas" como suelo urbano y "actuaciones especulativas", como la proyectada en el cauce del Torrent dels Jueus.
