La sección segunda de la Audiencia de Palma impuso ayer trece años y medio de prisión, más dos pequeñas multas, al ex edil de Urbanismo en el anterior Ayuntamiento de Palma, Javier Rodrigo de Santos, al que declaró culpable de dos delitos de abusos sexuales con penetración a menores de edad; dos tentativas de abusos a chicos y un quinto delito de suministro de droga a un adolescente. El tribunal, que aplica en algunos delitos las atenuantes de embriaguez y drogadicción, censura en la sentencia la doble vida que llevaba el ex teniente de alcalde de Urbanismo como político, padre de familia numerosa, practicante religioso y, a la vez, "consumidor abusivo de cocaína" y buscador de satisfacción sexual abusando y corrompiendo a adolescentes.
El fiscal José Díaz había solicitado para De Santos una pena de 24,5 años de privación de libertad. La sala segunda ha rebajado la condena a 13,5 años, pero ha considerado probados todos los delitos imputados por el acusador público, aunque uno, de corrupción de menores, ha sido declarado prescrito, al haber pasado más de 3 años entre su comisión y el inicio de las pesquisas judiciales.
No hubo prevalimiento
Los magistrados Juan Catany (que ayer permanecía hospitalizado tras sufrir una embolia), Juan Pedro Yllanes y Diego Jesús Gómez-Reino rechazan la aplicación de la agravante de prevalimiento solicitada por el fiscal. El tribunal entiende que el acusado no se prevalió de su posición de dirigente político o de su estatus en una parroquia de Palma, a la que acudían varias de las víctimas y sus padres, para cometer los abusos.
Cronológicamente los primeros delitos fueron cometidos por el entonces teniente de alcalde con un adolescente de 16 años, hijo de una feligresa de su parroquia que se lo había confiado para encarrilarlo en la vida. De Santos se llevó, en el verano del 2005, al muchacho de juerga, le invitó a alcohol, compró hachís para fumar juntos y, después, le pagó una prostituta callejera para que perdiera la virginidad; mientras él contemplaba la escena fuera del coche.
Según la sentencia, el ex edil del PP llevó a cabo esos actos, no para contentar al menor en su deseo de tener su primera experiencia sexual, sino para "obtener la propia satisfacción mediante la contemplación de la cópula a sabiendas de que constituía un claro atentado contra la indemnidad sexual". Esta conducta es tipificada como corrupción de menores, pero ha sido declarada prescrita.
La sección segunda se refiere en la sentencia a otro episodio parecido que habría sufrido otro de los menores víctimas, al que De Santos habría llevado a un prostíbulo. Este hecho, conocido en la vista oral, no ha sido objeto de enjuiciamiento. La sentencia tampoco menciona la apertura de una investigación al respecto.
Los otros delitos ocurrieron entre finales del verano y el otoño del 2007, y de ellos fueron víctimas tres hermanos que tenían entre 14 y 18 años en aquella época.
Los abusos sexuales más graves ocurrieron en casa de De Santos, donde los adolescentes solían quedarse a dormir por ser amigos de sus hijos y miembros del mismo grupo religioso.
