¿Negociación o farsa?

Algunas de las claves del proceso de investidura y, en su caso, de convocatoria de elecciones, ya son conocidas. El Rey ha designado a Feijóo como candidato y Armengol ha fijado los días 26 y 27 de setiembre para la investidura, con lo que, de no superarla, empieza a contar el plazo de dos meses para que, si se repite el fracaso en todos los intentos que se den, se convoquen nuevas elecciones: serían el 14 de enero de 2024. El intento de Feijóo parece destinado al fracaso. Es muy difícil, por no decir imposible, que el candidato del PP pueda alcanzar la mayoría absoluta en la primera votación. Y lo mismo sucedería para la mayoría relativa en la segunda, porque el número de síes asegurados por PP, Vox, UPN y CC (172 votos), estaría posiblemente superado por los de PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV, BNG y JuntsxCat (178 votos). Feijóo seguirá intentando alcanzar un acuerdo con el PNV; intento que se antoja altamente improbable por la postura de este partido de no formar parte de ninguna alternativa en la que figure Vox, que ha reiterado su oposición al Estado autonómico, al concierto y al cupo vasco. Feijóo, descartando su eslogan electoral de derogar el sanchismo, centraría su alternativa en la defensa de la Constitución, el impulso del Estado autonómico, la preservación de poderes y el respeto escrupuloso a las sentencias y procedimientos judiciales, alternativa que, no por ser obligada, y por carecer de medidas que procuren la regeneración de la democracia española, no creo que despierten ningún entusiasmo. Decaída la investidura de Feijóo se posibilitaría el encargo a Sánchez para formar Gobierno. Para conseguirlo el presidente en funciones debería asegurarse el voto positivo del partido de Puigdemont, ya que con su abstención en primera votación no le alcanzaría para la mayoría absoluta, sólo obtendría 171 votos; y en segunda votación tendría 172 votos en contra.

Si nos situamos en ese segundo escenario, la cuestión crucial sería la negociación con JuntsxCat que permitiera el voto positivo de, como mínimo, cinco diputados de ese partido en la primera votación para alcanzar la mayoría absoluta o de, como mínimo, dos diputados en la segunda, para disponer de la relativa. Este segundo escenario es el que la mayoría de analistas, de medios de comunicación conservadores como de medios ‘progresistas’ dan como asegurado, con el resultado de la elección de Sánchez como presidente del Gobierno. Frente al desaliento y el pesimismo entre los que daban por segura la victoria del PP acompañada por unos resultados de Vox que sumaran la mayoría absoluta pronosticada por Michavila, otros en la derecha propugnan el abandono del derrotismo; argumentan que, de prosperar una investidura de Sánchez, éste se encontraría con una oposición con mayoría absoluta en el Senado, con un mapa territorial autonómico y municipal abrumadoramente en manos del PP y un Gobierno inestable con multitud de socios heterogéneos, cada uno con sus propias reivindicaciones; la oposición más fuerte de la democracia frente al Gobierno más débil, con las exigencias de ajuste de la UE a partir de enero. En esas condiciones no descartan unas elecciones adelantadas a medio plazo.

Frente a quienes vaticinan desacuerdo por el maximalismo de ERC y Junts y elecciones el 14 de enero, la mayoría de analistas ven viable el acuerdo de éstos con el PSOE. La negociación estaría centrada en la exigencia, con pruebas palpables y no en promesas, de la amnistía a los encausados por el golpe nacionalista de 2017 (más de 4.000) y del referéndum de autodeterminación. Unos creen que el acuerdo ya existe y sólo queda por determinar la forma concreta de su materialización. Una señal para fundamentar esta creencia son las recientes declaraciones de Sánchez y del PSOE en relación, sobre todo, de la exigencia de la amnistía. Dice Sánchez que no es a él a quien corresponde valorar si la amnistía cabe en la Constitución, sino al Tribunal Constitucional. Dejando de lado que la mesa del Congreso mediante los votos del PSOE, PP y Vox inadmitió a trámite la ley de amnistía presentada por los secesionistas en marzo de 2021 con el informe de los letrados de la Cámara avisando de su inconstitucionalidad, esa declaración de Sánchez provoca perplejidad. ¿De qué no será capaz este hombre para continuar en el poder? ¿Alguien se imagina que pudiera afirmar que no le corresponde valorar la negación de cualquier artículo de la Constitución, por ejemplo, el 14 que afirma la igualdad de los españoles ante la ley, sino al TC? Es lo que hace con el artículo 62.i, que prohíbe los indultos generales. El TC no es un órgano consultivo vinculante, sino jurisdiccional, competente para resolver recursos de inconstitucionalidad, de amparo, de conflictos de competencia y de materias que le atribuyan la C.E. o leyes orgánicas; anula leyes aprobadas y valoradas, no las crea. Quien no puede con lo menos (indultos) no puede con lo más (amnistía). Aunque Sánchez cuenta con un TC a su medida, capaz de interpretar la Constitución a la medida de sus intereses.

¿Por qué entonces escenificar una negociación si ya están de acuerdo? Si esto fuera así, a lo que asistiríamos es a la representación de una farsa. Interesaría al PSOE porque le permitiría hacer frente a la acusación de que a las primeras de cambio había accedido a las controvertidas demandas de los independentistas. Pero sobre todo respondería a las pretensiones de protagonismo político e intransigencia de Puigdemont, que habría perseguido transmitir la idea de mantener en jaque a las instituciones españolas hasta el mismo momento de la votación de investidura de Sánchez, en la primera, o en la segunda, acentuando la debilidad del Gobierno surgido de esa segunda investidura. Negociación o farsa, es imposible saber ahora qué es lo que está pasando. Seguramente hará falta que transcurra un cierto tiempo para saberlo. Al final todo se llega a saber. De momento el PSOE también necesita tiempo para que el electorado pueda digerir el trágala de pasar de sus declaraciones del 24 de julio afirmando que «no vamos a traspasar las fronteras que nos marca la Constitución» a la realidad de plegarse al chantaje de un prófugo de la Justicia; a la realidad de una Constitución sin fronteras, a la medida de los intereses del poder, a su derogación de facto.