El pasado lunes, la Comisión Constitucional aprobó el informe de la ponencia que ha redactado la ley de Memoria Democrática, que reforma al alza la ley de memoria histórica de Rodríguez Zapatero de 2007. Aquella ley fue un paso importante en el camino de la superación formal y no solo ideológica de la gran fractura; ahora se trata de ir más allá y de otorgar entidad jurídica a determinados asuntos que quedaron apenas hilvanados. La ley de memoria democrática estaba incluida en el acuerdo de coalición firmado por el PSOE con Unidas Podemos, que sostiene actualmente al gobierno. La nueva ley será probablemente aprobada en un pleno extraordinario que se celebrará en el Congreso de los Diputados el próximo día 14.
La norma en ciernes tiene un elemento medular decisivo, que consiste en proporcionar una «reparación integral» por parte del Estado a las víctimas. La ley de Memoria Histórica reconocía el derecho personal de reparación y reconocimiento a las víctimas de los tribunales de la dictadura, a los que consideraba «ilegítimos», pero especificaba que se trataba de un resarcimiento moral sin efectos económicos ni jurídicos. Ahora, la Ley de Memoria Democrática declara ilegal el régimen franquista, y esta ilegalidad alcanza a los tribunales y jurados establecidos por la dictadura, por lo que se podrá conseguir en vía jurisdiccional la anulación de los procedimientos lesivos. En concreto, se podrá anular en Cataluña el juicio contra Lluis Companys, expresidente de la Generalitat y devuelto a Franco por la Gestapo desde la Francia ocupada, en el que fue condenado a muerte y ajusticiado el 15 de octubre de 1940. Obviamente, al margen de estos hechos relevantes, muchas personas e instituciones —partidos, sindicatos, etc.—, podrán recuperar propiedades incautadas o derechos eliminados.
Otros puntos de la ley son igualmente importantes en términos políticos: el reconocimiento de la persecución que sufrieron las lenguas periféricas, la asunción por el Estado de la tarea de exhumar a las víctimas todavía no desenterradas, el cambio de denominación del Valle de los Caídos, etc. La ley creará además una Fiscalía de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos para investigar hechos de la Guerra Civil y la Dictadura, así como una comisión estatal de carácter académico, temporal y no judicial, que ayude a interpretar los sucesos. A instancias de Bildu, se creará también una comisión para analizar violaciones de derechos humanos hasta diciembre de 1983, fecha en que ya se había formado el GAL, algo que el PSOE no debería tolerar: el escrutinio debe cesar una vez que la democracia es un hecho a partir de 1978.
La ley de Zapatero no consiguió el apoyo expreso de la derecha pero en su declaración de motivos se menciona que «esta Ley atiende a lo manifestado por la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados que el 20 de noviembre de 2002 aprobó por unanimidad una Proposición no de Ley en la que el órgano de representación de la ciudadanía reiteraba que «nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y dignidad de todos los ciudadanos, lo que merece la condena y repulsa de nuestra sociedad democrática». La presente Ley asume esta Declaración así como la condena del franquismo contenida en el Informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa firmado en París el 17 de marzo de 2006 en el que se denunciaron las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas en España entre los años 1939 y 1975».
En esta ocasión, la derecha ha respondido de forma energuménica contra el «revisionismo» del PSOE, que se habría ajustado al guion de Bildu. Como ocurre en Irlanda del Norte tras el fin del conflicto, muchos demócratas sentimos en España satisfacción al ver que los epígonos de ETA se pliegan a la Constitución. Eso es lo que pretendían los que perdieron la vida defendiendo al Estado. Es muy triste que los conservadores españoles no sean consecuentes con sus teóricas creencias y cooperen a la normalización que esta ley pretende y que no será completa hasta que se consiga un consenso del alcance del que recibió la Constitución de 1978.
