Estos días convergen en Palma dos juicios. Icónicos ambos, y que pueden resumir muy bien en qué se puede haber convertido hoy lo que llamamos Justicia. El primero, el que ha llevado a la Audiencia a un conocido empresario de la noche mallorquina. Por el nivel inicial de los acusados - políticos, gestores turísticos, mandos policiales - debía ser lo que fue la operación mani pulite en la Italia de finales del siglo XX. Salvando las distancias, claro está. Para quien no se acuerde, mani pulite fue el nombre de la investigación judicial que empezaron un grupo de valientes jueces y fiscales de Milán, hartos del clima de corrupción generalizada que por aquel entonces se vivía en el país transalpino. Acabó con toda una generación de próceres (Silvio Berlusconi, Gianni de Michelis, Bettino Craxi o Giulio Andreotti) en el banquillo de los acusados. Volviendo a la causa mallorquina, hubiera sido una oportunidad única para, como mínimo, adecentar de toda mácula nuestro sistema jurídico. Una ocasión también de hacer creíble al ministerio público después de la experiencia de la vista del Palma Arena. Aquella causa una ejecutiva bancaria con formación universitaria -y título de Infanta de España, dicho sea de paso- hizo creer a la Fiscalía que era incapaz de leer lo que firmaba. Por tanto, no debemos pensar que la absolvieron por ser hija y hermana de reyes. Sino por corta de luces. La cual cosa no es necesariamente sinónima, dicho sea de paso: infantas españolas las ha habido muchas y brillantes. Ya es mala suerte que a nuestra generación nos haya tocado una poco agraciada en eso del discurrir. Sería interesante saber qué pasaría si mi vecina intentase la misma jugada.
Desgraciadamente, deberemos esperar para congraciarnos con nuestro estado de Derecho.
Pues muy probablemente el citado juicio ejemplar contra la presunta corrupción policial, tráfico de influencias en diferentes ayuntamientos mallorquines y trapicheos de otras muchas cosas acabará como Matías Vallés predijo desde un primer momento: con los investigados saliendo por la puerta grande. A pesar de (presuntamente) tener todas las pruebas habidas y por haber en contra. Abono para una sentencia ejemplar. Por lo que se ve, la vista no lleva esos tiros. Sino otros muy diferentes: no sería nada extraño ver declarado nulo de pleno derecho todo el proceso. Ejemplar. La pregunta estriba en qué pasaría si mi vecina hubiera optado por la misma treta de defensa. No lo quiero ni imaginar.
A la par que tal ejemplo de profesionalidad se estaba dando en una sala de los Juzgados de Palma, en otra hemos podido ver cómo la Fiscalía ejercía su labor con ejemplaridad rayana en lo hilarante. Y es que en la causa que enfrenta al propietario de un restaurante del Paseo Marítimo contra unos jóvenes, el Ministerio Público les pide -atención- veintinueve años de prisión (entre dos y cuatro años por encausado) por un grave delito: tirar confetis y una bengala ante la clientela del establecimiento. No queremos saber lo que podría pedir en las próximas fiestas de Sant Joan. Lo que sí tengo claro es que ese incidente ocurre ante el restaurante de mi vecina y no hubiera pasado nada. Es más: la interesada aún los hubiera invitado a comer.
El Ministerio Público debería calcular mejor las consecuencias de su aparente manga ancha o estricto cumplimiento del deber, según convenga. Porque en ambos casos, lo que está provocando es un alud de desafectados para con el sistema. Por un lado, por la inexistencia de sentido común -ya denunciado veladamente por la Policía Nacional durante la vista- ante un determinado posicionamiento. Que puede ver manchada toda su existencia por unas papelinas de juguete. Por otra, la de todos aquellos que antes del juicio del magnate de la noche creyeron en una sentencia ejemplar. Y que de repente se darán de bruces con la sentencia que en su día hizo famoso a Pedro Pacheco, alcalde de Jerez de la Frontera.
Aún puede ser mucho peor.
