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Diario de Mallorca

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Ramón Aguiló

Escrito sin red

Ramón Aguiló

Pandemónium

Este término alude a un lugar donde hay mucho ruido y confusión. Es el destino compatible con el deterioro institucional al que nos ha conducido Sánchez, aupado por los que le mantienen insomne en el consejo de ministros y por la constelación de nacionalismos periféricos que pretenden acabar con España. La semana se iniciaba con una sorprendente convocatoria, la madrugada del lunes, para una comparecencia del inefable Bolaños en la que anunció de forma temeraria el espionaje «externo» a los móviles del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa. Los hechos se remontarían a mayo y junio de 2021, fechas coincidentes con el inicio de la crisis con Marruecos, principal sospechoso del espionaje, y, según el ministro, habrían sido conocidos ahora. Fue en fechas inmediatamente posteriores cuando el Centro Criptográfico Nacional examinó los móviles del Gobierno, lo que hace dudar de la versión del ministro del momento de conocimiento de los hechos. Es mucha casualidad, como apuntó Feijóo, que el Gobierno revele esta inquietante circunstancia a los pocos días de conocerse a través de Citizen Lab el espionaje con Pegasus a 67 líderes independentistas de Cataluña y el País Vasco. Bolaños, antes de ser ministro de la presidencia, era el responsable de la seguridad de las comunicaciones cuando se espió al Gobierno, como secretario general de la presidencia, y antes de que el CCN limpiara los teléfonos. Desde ese ministerio afirman que de la secretaría general sólo dependía la entrega de los dispositivos; pero desde la propia ministra Robles y el CNI aclaran que el CCN no opera en ningún caso sin que se pida expresamente desde cualquier dependencia gubernamental.

Casi todos los analistas coinciden en que el anuncio del espionaje a Sánchez y Robles se corresponde con el intento del Gobierno de desviar la atención del espionaje a los independentistas, que ha tensado sobremanera la relación con ellos hasta el punto de que Rufián alertara sobre la posibilidad del fin de la legislatura. La iniciativa, supuestamente destinada a rebajar el escándalo del espionaje del Gobierno precisamente contra aquellos aliados que le sostienen en el poder, supone la apertura de un nuevo frente contra la reputación del Gobierno: el de cuestionar públicamente, urbi et orbi, la seguridad del Estado español y una brecha en el secreto de las comunicaciones que el Gobierno aún no ha sabido explicar. Ningún gobierno ha tomado nunca la iniciativa de informar haber sido espiado. Se ha sabido que han sido espiados los móviles de Merkel y Macron, pero han sido informaciones periodísticas, nunca a instancias de los gobiernos de Alemania y Francia. Así pues, que el Gobierno español confiese la debilidad de las estructuras del Estado para neutralizar los titulares de prensa impulsados por los propios socios del Gobierno, puede acarrear serias dificultades con los socios de la OTAN cuando se está viviendo un tiempo de zozobra por la guerra de Ucrania provocada por la invasión rusa; también con la prevista reunión de la Alianza Atlántica en Madrid en junio. No puede olvidarse que son los propios miembros del Gobierno de Unidas Podemos los que, como si de la Convención Nacional de la Revolución Francesa se tratara, exigen que «rueden cabezas», específicamente, las de Robles y Paz Esteban, la directora del CNI. Ya se han conocido las primeras informaciones sobre el nivel de preocupación de los servicios de inteligencia de los aliados sobre la permeabilidad del Estado español a las infecciones del espionaje.

El ruido y la confusión se incrementan cuando los socialistas catalanes, liderados por Salvador Illa, anterior ministro de sanidad, han apoyado en el Parlament catalán a todas las formaciones independentistas en la denuncia ante los tribunales del caso difundido por Citizen Lab, haciendo caso omiso a Robles cuando aseguró que «todo se había realizado de acuerdo con la ley», es decir, con la autorización del juez. No es que sean sólo los independentistas quienes piden la cabeza de Robles, ni los miembros del Gobierno de UP, también la pugna se establece entre los ministros del PSOE. Es Isabel Rodríguez la que responsabiliza a Robles asegurando que la competencia de la secretaría general de presidencia del Gobierno era simplemente repartir los móviles, mientras Robles aseguraba de nuevo el miércoles, en su comparecencia en el Congreso, que la seguridad de los mismos correspondía a la unidad de presidencia que dirigía Bolaños, de acuerdo con la legislación. La mayoría parlamentaria que apoya al Gobierno de Sánchez está dividida. El Gobierno de Sánchez está dividido. Es el propio sector socialista del Gobierno el que ha puesto al pie de los caballos a Margarita Robles y al CNI.

El martes se consumó en la junta de portavoces de la mesa del Congreso una quiebra adicional en la mayoría parlamentaria que sostiene a Sánchez. UP, ERC, PNV y EH Bildu solicitaron una comisión de investigación parlamentaria sobre el CNI. El objetivo era destriparlo e inutilizarlo para los fines que le marca la ley 11/2002 de 6 de mayo. Se consiguió evitar lo que podría haber supuesto su desmantelamiento, no por los votos del PSOE, insuficientes, sino por los de PP, Vox y Ciudadanos, que se conjuraron para salvar al Estado, puesto en almoneda por Sánchez. No hay duda de que Sánchez puede, con los presupuestos de 2022 aprobados, aunque prácticamente inservibles porque la realidad los ha desmentido, prolongar su estancia en La Moncloa, puede prorrogarlos para 2023, pero el coste que tal operación de salvación personal podría acarrear al Estado sería difícilmente restañable. Con los antecedentes de Sánchez en la comisión de todo tipo de trapacerías para mantenerse en el poder es ésta una opción que no se puede descartar. La reacción de Rodríguez y Adriana Lastra cargando contra Feijóo, acusándole de no tener sentido del Estado por afirmar que el espionaje al Gobierno era «una casualidad no menor», es especialmente disparatada cuando el PP ha protagonizado con Ciudadanos y Vox el lance que ha evitado una comisión de investigación que hubiera dejado desguarnecido al Estado.

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