El Estado ha invertido cuatro años de dinero público en no encontrar nada punible en el trasiego de millones de euros de abyecta procedencia y en dinero negro por parte de Juan Carlos I. Nada había el primer día, y sigue sin haber nada más de mil amaneceres después. Esta decisión requería de diez minutos, probablemente menos puesto que hablamos de experimentados redactores de textos jurídicos. La Fiscal General ha de explicar si se justifica el despilfarro en capital intelectual y humano, así como la diferencia exacta con los dirigentes catalanes que invirtieron sumas apreciables en perseguir una «ensoñación», por utilizar el término canónico del mismo Tribunal Supremo.
Hasta el último ciudadano atribulado por la tragedia ucraniana puede valorar si existe un solo capítulo de la convivencia española reforzado por la exoneración de Juan Carlos I, más allá de permitirle una carta de tono bravucón en la que reseña que vivirá donde le dé la gana. A diferencia de sus compatriotas sin millones en negro, y que están obligados por tanto a residir en lugares muy determinados. Los participantes en el monumental enjuague podrán determinar si los grandes defraudadores en la senda del Emérito se declaran hoy más inquietos o tranquilos, ante la ausencia de reproche penal de su santo patrón.
No todos los Estados saldrán lastimados por la nada culpable actuación de Juan Carlos I. Los suizos han recuperado la confianza de las grandes mafias internacionales, las que pagan millones de euros en negro a Jefes de Estado y que tenían derecho a haber incubado un resquemor ahora desvanecido con la inocencia absoluta del primer rey de la España contemporánea. El mismo que paseaba por Ginebra, siendo jefe de Estado, con un maletín donde portaba dos millones de euros en billetes que le había entregado el sultán de Bahrein. Ejemplar y conmovedor, nada de nada.
O no había nada desde un principio, o había algo y desapareció, ninguna circunstancia se mantiene incólume al óxido de cuatro largos años. La única forma de salvar la embarazosa encrucijada consiste en aceptar que se buscó nada y se encontró nada, porque no había nada que buscar. La inocencia indubitable de Juan Carlos I proviene de la misma institución que decretó la pureza todavía más inmaculada de Cristina de Borbón. Por desgracia, la corrupción está en los detalles, y los funcionarios que absolvieron bajo el criterio de abnegada esposa a la hija favorita del Rey nada culpable son incapaces de precisar por qué la mujer firmaba por encima de Iñaki Urdangarin, en los documentos compartidos. Por ejemplo, el socio Diego Torres siempre anteponía su nombre al de su esposa, en atención a la importancia de los papeles jugados por ambos en el rigodón. El orden de los factores era el muro de blindaje, la garantía de no encontrar nunca nada por el procedimiento infalible de no buscar nada.
Alguien que ha sobrevivido a una investigación durante cuatro años de los mejores acusadores públicos es por fuerza el ciudadano más limpio de España, por mucho que Pedro Sánchez se empeñe en disentir para salvar la dignidad del Estado. Se matizará exhibiendo el lenguaje bronco de la fiscalía al asignar las conductas regias, pero la ciudadanía está un poco harta de victorias morales. ¿Prefiere usted recibir una multa de mil euros, o recibir mil palabras altisonantes y una sanción de cero euros? Pues el Rey avida dollars todavía con más motivo.
La Justicia es igual para todos los Reyes. No fue un marxista leninista, sino el moderado Barack Obama, quien sentenció siendo emperador del Universo que «los ricos juegan con otras reglas». Si consigues que te regalen cien millones de dólares, te sobran los medios para no pagar por ello. Por tanto, la exoneración grandilocuente de Juan Carlos I es un acto veraz y nulo. No encuentra nada, no sirve para nada, pero es indiscutible porque se rinde en todos los sentidos a la evidencia. Es falso señalar que el Rey no puede ser condenado. No puede ser ni juzgado, a un paso de la divinidad.
El pequeño problema de Derecho comparado surge cuando el mero relato de la conducta del jefe del Estado está penado con la cárcel. Dado el comportamiento habitual de Juan Carlos I en Suiza, cualquier descripción milimétrica de su agenda queda encuadrada en el delito de ultrajes a la Corona. No se trata de una hipótesis, un rapero está condenado ahora mismo por el Supremo en atención a ripios citados indistintamente en la sentencia, y del tenor de «haremos que Urdangarin curre en un Burger King».
La inocencia de Juan Carlos I, tan indiscutible como la culpabilidad de quienes se limitan a retratarlo, coloca en un brete incluso a los firmantes de la exoneración tras detallar sus andanzas. Los funcionarios que han reseñado un comportamiento deplorable del monarca, aun absolviéndolo, podrían ser acusados de ofender a la Corona por uno de esos colectivos de ultraderecha erigidos en centinelas insomnes de la pureza de las esencias. Ya que el Rey y sus sucesores no pueden hacer nada mal, no estaría de más procurar que nada que pueda decirse de ellos esté mal per se, una verdad elemental que descubrió Bélgica a raíz de la huida del rapero citado. Las dictaduras, ya se sabe.
