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Diario de Mallorca

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Ramón Aguiló

Escrito sin red

Ramón Aguiló

Irritación y cansancio

Se despachó el miércoles el presidente del Gobierno con un discurso en el que intentó hacer de la adversidad virtud, como sugirió Séneca; dijo: «la pandemia no ha sido un freno, sino un acelerador para impulsar reformas y avances sociales». Que no se diga que Sánchez no es el gran reformador de España. Este titular de ahora es el mismo que se entonó cuando, al inicio de la pandemia y al entusiasmo por la habilitación de los fondos europeos, se escenificó un futuro brillante al compás de las transformaciones sociales y económicas que supondrían la innovación y la economía digital, la recuperación, los valores, la resiliencia, la cohesión y la política agraria común, en fin, la lucha por el cambio climático. Pero todo esto sigue anclado en el futuro del medio-largo plazo. Si nos centramos en las realidades del hoy, del mundo y Europa sometidos a la explosión de la variante Ómicron, no se vislumbra, de momento, esa plétora de reformas y avances.

Es cierto que se han hecho algunas reformas, entre ellas la laboral. Pero, en contra de los acuerdos gubernamentales escenificando su magnitud y pactos con ERC y EH Bildu, la reforma no ha sido ni derogatoria de la realizada por Rajoy en 2012, ni histórica por su trascendencia en el mercado de trabajo en España. El tronco de la reforma de Rajoy sigue en pie por mucho que el aparato de propaganda de Moncloa se vuelque en asegurar su superación. Queda por ver el apoyo parlamentario con el que vaya a contar, cuando el PP ya ha anunciado su voto en contra y ERC y EH Bildu amagan también con hacerlo por incumplimiento del pacto derogatorio. El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y sus aliados sobre las pensiones, lejos de asegurar el futuro del sistema, ha sido calificado en España y en la UE como un simple parche que, más pronto o más tarde, habrá que volver a enmendar. Finalmente, el presupuesto de la recuperación para 2022 se ha convertido, tras la rebaja de más de dos puntos en el crecimiento del PIB para este año, de la OCDE y de la propia UE, en un presupuesto precario, en el que no se van a dar los ingresos previstos ni se van a poder realizar los gastos. Los acuerdos que han permitido al Gobierno sacar adelante determinadas iniciativas han sido los realizados con sus aliados; es decir, aquellos que le permiten seguir manteniendo el poder. Lo que ya es más difícil de asegurar es cómo pueden ser buenos para el país cuando han sido apoyados por quienes pretenden destruirlo como tal.

Lo que, por mucho que nos inunde la propaganda del Gobierno, se nos hace imposible admitir, es la mejora en nuestras condiciones de vida por las reformas y avances sociales. Es verdad que se ha elevado el salario mínimo hasta casi alcanzar los mil euros, pero se convierte en el chocolate del loro si lo comparamos con el repunte extraordinario de la inflación, de más del 5,5%, que perjudica a todos, pero especialmente a los más necesitados. Si pasamos a considerar el precio de la energía, entonces la propaganda se convierte en sarcasmo. Nunca se habían visto unos precios tan desbocados, en que los costos de la electricidad han alcanzado cotas inimaginables apenas seis meses antes. Sánchez prometió que a finales de año el precio no superaría el de 2018, descontando la inflación. Pero que Sánchez incumpla sus promesas no supone ninguna novedad; lo sería si las cumpliera. No da ninguna explicación de sus engaños, ni los reconoce como tales, y a otra cosa mariposa. Hay que recordar que vivimos en los tiempos de la posverdad. La verdad no interesa a los gobernantes como condición sine qua non de la gobernanza democrática. Como decía Carner «la verdad es una aunque esté rota en mil pedazos». Nos enredan con el cuento de los relatos enfrentados de las trincheras de la izquierda y la derecha; todo falso; los hechos son los hechos: más de 120.000 muertos, un gobierno que se escapa de sus responsabilidades ante la pandemia, restricciones anticonstitucionales, sanciones Covid anuladas, inflación desbordada, presupuestos precarios, futuro de las pensiones en el alero, el tronco duro de la reforma laboral de Rajoy intacto, centros de atención primaria y hospitales colapsados y desbordados. Eso sí: que no falte la política identitaria, a falta de las reformas constitucionales que requiere la democracia verdadera.

Que comunidades como Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra y Aragón hayan tenido que coordinarse en cuanto a restricciones, para evitar movimientos entre ellas para burlarlas, es la mejor demostración de la inacción del Gobierno. La falta de una ley de pandemias u otras medidas, como reformar la Constitución, para dotar de instrumentos jurídicos a las autonomías o posibilitar la vacunación obligatoria, es el saldo negativo de un gobierno atento sólo a conservar el poder, mentir y a sacar pecho por una vacunación que no han gestionado pero que presentaron como el éxito frente a una Europa asolada por los contagios; hasta que España se ha incorporado al desastre, desmintiendo tanta mentira. La última ocurrencia fue reunir al Consejo Interterritorial dos días antes de Nochebuena, para exigir mascarillas en el exterior, una medida inútil, a juicio de los epidemiólogos.

Tras casi dos años de pandemia, restricciones, muertos, aislamiento social, es perceptible el cansancio de la ciudadanía. Hay cansancio existencial, y es en este tipo de situaciones cuando pueden abotargarse los mecanismos cívicos para enfrentar de forma solidaria una situación de excepcionalidad como la que vivimos de forma continuada. Si a esta situación se le superpone un gobierno mesmerizado por el poder, sólo atento a su supervivencia, aunque sea a costa de legitimar como interlocutores y partícipes en la «dirección de Estado» (Iglesias) a quienes sólo persiguen destruirlo; una oposición sin un liderazgo claro; y una política polarizada en trincheras ideológicas, en abierta contradicción con una Constitución proclive al establecimiento de grandes acuerdos, el cansancio se troca en irritación. Irritación con el Gobierno; pero también irritación con un sistema político que se mantiene en pie, pero enfermo, porque el virus de las élites extractivas así lo necesita para sobrevivir.

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