Si con una segunda Transición pretendemos un progreso económico y social que afecte al bienestar, además de reformas estructurales en el ámbito socioeconómico tal como abordamos en la anterior colaboración, son imprescindibles reformas que afectan a las estructuras políticas e institucionales vigentes. Tales estructuras, incluidas las territoriales, son hijas de la Transición Democrática. No pretendo juzgar tal proceso, que con excesiva ligereza se juzga negativamente. Posiblemente se cometieron errores, algunos de ellos fruto de unas reformas sin una ruptura con el franquismo. Pero ni los tiempos ni la coyuntura eran fáciles. Franco murió en su cama. Y los poderes fácticos seguían apoyando el «sistema político vigente» (Fuerzas Armadas, Poder Económico, y una parte muy relevante de la Jerarquía Católica…). Siempre recordaré unas reuniones que hacíamos desde la Plataforma ilegal de «La Federación de Partidos Socialistas», con algunos de los participantes en diversas mesas de trabajo donde se «construía» el esqueleto de una democracia homologable con las estructuras políticas europeas. Recuerdo especialmente a Jordi Solé Tura y Ernest Lluch. El quid de la cuestión era garantizar los mínimos básicos democráticos, misión nada fácil con la presencia de franquistas «arrepentidos» y «radicales». Pero el mayor error probablemente haya sido «sacralizar» y «extender» dichas estructuras, incluida la Constitución del 78, durante excesivos años.
No fue fácil la tarea. La legalización del PCE, la firma de los Pactos de la Moncloa… Era urgente e imprescindible «poner en marcha» las instituciones y organizaciones, desde articular los tres poderes (legislativo, Ejecutivo y Judicial), las estructuras territoriales (diputaciones, ayuntamientos,…). Han pasados 43 años de la Constitución de 1978 que sin duda fue útil para el «cambio», pero que algunos siguen considerándola «intocable». Permítanme una reflexión un tanto utópica hoy ¿Será posible reformar /aplicar la Constitución de 1978 a las nuevas realidades presentes y futuras? ¿Será posible plantearnos una estructura federal territorial y política? De momento la oposición se opone a cualquier cambio en la Constitución, ni tan siquiera para cambiar una simple palabra despectiva «personas disminuidas» por «personas discapacitadas» (Art. 49).
Sigue habiendo asignaturas pendientes que implica reactivar las instituciones estatales (Congreso de Diputados / Senado) que las hemos convertido en un circo donde rige y domina el insulto y la descalificación. Sin olvidar el Poder Judicial. Quedan pendientes múltiples retos que afectan a nuestro vivir y convivir cotidiano: las pensiones, la reforma laboral, leyes obsoletas… y un largo etcétera. Y como asignatura básica el derecho al acceso en igualdad de oportunidades a unos servicios públicos de calidad (educación, sanidad, prestaciones sociales).
La crisis financiera del 2008 se concretó en recortes en los servicios públicos y básicos. Todas las comunidades, todos sus ciudadanos, sufrieron en sus carnes los recortes, eufemísticamente denominadas «reformas». El Estado sólo debía hacer funciones tales como garantizar la seguridad, las infraestructuras… El mercado debía imperar en todas las instancias (educación, sanidad…). Y así nos fue.
A partir del 2014 el crecimiento macroeconómico es un hecho, pero los servicios públicos siguen romos. Tal crecimiento, en momentos de crisis estructural, obliga a un cambio de chip. Asistimos a una expansión del Estado en la reactivación socioeconómica, pero algunos insignes políticos y empresarios prefieren que el Estado emplee sus recursos para reactivar la liquidez empresarial, reducción de impuestos… La oposición, a lo máximo, acepta cambios no sustanciales en el actual sistema de financiación de la autonomías.
Quedan pendientes múltiples retos que afectan a nuestro vivir y convivir cotidiano: las pensiones, la reforma laboral, leyes obsoletas… y un largo etcétera
Pero ahora, 2021, ni el vigente sistema de financiación, ni el actual modelo del Estado de las Autonomías surgido de la Transición Democrática 75-78, son útiles para hacer frente a los nuevos retos. Las imprescindibles reformas no pueden afrontarse desde meros mecanismos administrativos/contables. Es imprescindible abordarlo desde reformas estructurales (territoriales, administrativas y políticas) del Estado de las Autonomías. Hay noticias fidedignas de que el Gobierno de Coalición presidido por P. Sánchez piensa proponer un nuevo sistema de financiación. La tarea no será fácil. El climax político no lo facilita. Ni los populares (PP) ni desde Ciudadanos (Cs) están por la labor; y mucho menos Vox y sus entornos que, sin complejos, pretenden aprovechar la crisis del sistema autonómico para replegar velas y que el gobierno central recupere competencias.
El Govern balear, junto con la mayoría de fuerzas políticas parlamentarias, aunque desde distintos prismas, plantea una nueva financiación que considere factores tales como la insularidad (REB) incluyendo el imput poblacional. Según el INE, el aumento de población en Balears es muy relevante, a pesar de un cambio de tendencia no significativo en la actual situación de incertidumbre socioeconómica. E l crecimiento población en nuestra Comunidad desde 1980 a 2020 presenta un balance positivo de 528.763 habitantes hasta llegar el año 2020 a 1.171.543 residentes; y si la tendencia se consolida en el año 2035 podríamos ser un 1.390.676 residentes.
Ultima reflexión. La UE ha modificado sus prioridades. El Plan Europeo de Recuperación, a través del Next Generation, destina 750.000 millones de euros a Desarrollos Socioeconómicos, 140.000 millones destinados a España. ¿Seremos capaces de plantear proyectos mixtos (público/privado) orientados a una reforma socioeconómica de nuestras estructuras productivas? Nos jugamos gran parte de nuestro futuro económico y social.
