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Diario de Mallorca

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Ramón Aguiló

Escrito sin red | La pandemia y la Constitución

Ha sido noticia estos días la iniciativa de un médico de Son Espases en contra del pasaporte Covid. El argumento estriba en que en España la vacunación no es obligatoria y el responsable del local podría ser denunciado por incitación al odio. Si la vacunación no es obligatoria, no se puede prohibir la entrada en un establecimiento sin el pasaporte. Se estaría vulnerando el artículo 18.1 de la C.E. que protege el derecho a la intimidad y el artículo 14 que consagra el derecho a no ser discriminado.

Los argumentos parecen de peso a cualquier lego en cuestiones jurídicas. También le parecían de peso al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, pero el Tribunal Supremo ha dado vía libre a su aplicación en esa comunidad. Sin duda esta situación permitiría que 50 diputados o senadores, un gobierno o un parlamento autonómico interpusiera recurso de inconstitucionalidad; también posibilitaría el recurso de amparo a toda persona natural o jurídica que invoque interés legítimo. No creo que se dé. La apariencia es de que, a falta de una ley de pandemias, es el TS el que determina si se puede o no exigir el pasaporte Covid. A los necesitados de la norma puede parecerles bien esta solución, pero, lógicamente, a los contrarios, les va a parecer fatal. Se entraría, supuestamente, en una situación constitucionalmente delicada, en la que los jueces habrían pasado de ser los encargados de administrar justicia sometidos al imperio de la ley a ser quienes promulgan las leyes, en contra del artículo 117.4 que dice que juzgados y tribunales no ejercerán más funciones que el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado.

Pocas dudas hay sobre la actitud abstencionista del Gobierno de Sánchez, que ha escapado de su responsabilidad de dirigir la lucha contra la pandemia, dejando a las autonomías inermes para luchar activamente contra ella. La ministra insiste de forma automática en que hay medidas suficientes para hacerlo: la vacunación, las mascarillas y la distancia social. Pero las cifras de infectados y hospitalizados van creciendo de forma paulatina, aunque para nada se parecen a las del primer estado de alarma. Lo que está ocurriendo en Europa podría deberse a que en algunos países no se han alcanzado los niveles de vacunación de España. Pero lo que está pasando en Portugal, con un índice de vacunación similar al español, apunta a la insuficiencia de las medidas tomadas. Por eso las autonomías, incluida la nuestra, avanzan en el establecimiento del pasaporte Covid. A la petición generalizada de medidas amparadas en un pasaporte Covid que sirva en todo el país, se ha unido la oposición del PP reclamando una ley de pandemias. Sin embargo, el artículo 13 de la ley 4/1981, en el capítulo del estado de excepción (está claro, tras las sentencias del TC, que no es aplicable el estado de alarma para poder suspender derechos fundamentales) en su apartado 2.a, especifica que los derechos cuya suspensión se puede solicitar no pueden ser otros que los enumerados en el artículo 55 de la C.E. Entre ellos no figuran ni el derecho a la intimidad del artículo 18.1 ni el del derecho a la no discriminación del artículo 14. Dice el mismo artículo 55 que la utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en la ley 4/1981 producirá responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes. Ni siquiera la proclamación del estado de sitio permitiría añadir más suspensiones de los derechos fundamentales contemplados en el estado de alarma y excepción que el contemplado en el artículo 17.3 de la C.E. que afecta a los derechos de las personas detenidas. Por todo lo anterior, no parece que la permanente invocación a una ley de pandemias por parte de la oposición asegurara la legalidad constitucional del pasaporte Covid.

Se podría, tal vez, especular con la aprobación de una ley que estableciera la obligatoriedad de vacunarse para todos los ciudadanos, tal como se ha establecido en Austria. También en Alemania, el canciller que sustituirá a Merkel, Olaf Scholz, se ha manifestado favorable a la obligatoriedad de la vacuna. Pero los mismos argumentos que cuestionan el pasaporte Covid son aplicables a una ley que declare obligatoria la vacuna, por lo que habría que concluir que no es posible tal medida legislativa en España. No existiría, por tanto, ninguna posibilidad de obligar a todos los españoles a vacunarse. Sí existe. La reciente disputa entre el gobierno polaco y la Comisión Europea a propósito de las reformas legislativas polacas, en las que se contempla la intervención del gobierno en el nombramiento de los jueces, ilustra el camino a seguir si existiera la voluntad europea de obligar a todos sus ciudadanos a vacunarse. La Comisión Europea ya ha determinado en base a sus propias prerrogativas que la legislación europea prevalece sobre la de cada Estado, incluida su propia Constitución. Por tanto, si se avanzara en la idea de que el pasaporte Covid adolece de una inadecuada cobertura legislativa, en España u otros países donde no se pudiera imponer la vacunación obligatoria, siempre se podría establecer una directiva de la C.E. que así lo hiciera si se descarta una reforma exprés de la C.E.

Ya hemos vivido durante casi dos años bajo medidas gubernamentales declaradas inconstitucionales por el T.C. Y ya tenemos sobrados indicios de la nula voluntad del Gobierno para dirigir eficazmente al país si ello pudiera suponer un desgaste todavía mayor al que ya arrastra. La OCDE rebaja el crecimiento este año a un 4,5% del PIB mientras Francia, Italia y Grecia lo harán por encima del 6%. Todos los países europeos recuperarán en 2022 el PIB anterior a la pandemia; España no lo logrará hasta 2023. El déficit en 2021 será del 8,1%, del 5,4% en 2022, del 4,2% en 2023, dos puntos más que antes de la pandemia. Saldremos más débiles, no más fuertes como pregonaba Sánchez. Ahora, respecto a la voluntad gubernamental de adecuar nuestra Constitución a nuestras necesidades, se descuelga la ministra de Justicia con que no hay consenso para eliminar la inviolabilidad del Rey. Ni siquiera lo intentan para que todos los partidos se retraten. Se le llama a ese estado parálisis institucional.

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