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Antonio Tarabini

Entrebancs | La inmigración a debate

Ilustración INGIMAGE

La inmigración está en ese paquete de problemas sociales ligados a la globalización que la humanidad tendrá que gestionar en el siglo XXI. La inmigración en tanto fenómeno tiene una densidad presencial, una visibilidad y una capacidad de influir en la fisonomía de los grupos sociales a corto plazo, que va a demandar, entiendo, modelos globales de gestión de flujos humanos más eficaces que los parches que estamos aplicando hasta el momento. En el caso de nuestra Comunidad la inmigración es un hecho. No voy a referirme a la inmigración procedente de otras CC.AA y/o de origen europeo y/o de la UE. Voy e ceñirme a las persona que se han visto obligadas a dejar sus países por razones de supervivencia (guerra, hambruna, enfermedades…). Concretamente me ceñiré a los resultados de una encuesta realizada el pasado mes de setiembre con el título Com veiem els inmigrants? (Quaderns Gadeso 406).

Aunque esté en la trastienda, hoy no voy a referirme a la llegada de inmigrantes ilegales a nuestras costas procedentes de Argelia con cayucos o pateras repletas de hombres, mujeres, adolescente, niños/as. Hasta la fecha de escribir estas líneas, desde el inicio de 2.021, han desembarcado 1819 personas en 210 embarcaciones. Voy a limitarme a reflejar la opinión de nuestra población estable respecto a los inmigrantes.

Primer dato significativo: un 51% considera que la inmigración es un problema grave. En referencia a los inmigrantes regularizados, bastantes de ellos con años de residencia, la opinión es negativa. Se ha creado una leyenda urbana de que los/las inmigrantes (legales o ilegales) saturan los servicios públicos (62%) y que usurpan puestos de trabajo a los autóctonos (34%). Aunque la realidad es otra: la mayoría de los inmigrantes con «papeles» llevan años, incluidas sus familias, residiendo entre nosotros y pagando sus impuestos. En su calidad de ciudadanos usan los servicios públicos (sanidad, educación…); y que con frecuencia ocupan puestos de trabajo que los autóctonos no queremos, o no podemos, hacer. Pero Vox, como todos los partidos xenófobos, practican el aforismo «una mentira repetida mil veces se convierte en verdad». No en vano su líder, Santiago Abascal, sin ningún complejo, ha afirmado: «Haremos lo posible para que los extranjeros, aunque tengan la nacionalidad, sean expulsados de España».

Como es lógico ocupan y preocupan más la presencia de inmigrantes ilegales (69%). Un 72% considera «que se les debe expulsar». Y a pesar de que un 19% piensa «que se les da un trato indigno», un 67% considera que «nuestra mala situación no nos permite acogerlos». Las posibles soluciones pasan por una «nueva legislación referida a la inmigración que comprometa a todos los países de la UE» (39%); por una nueva Ley de extranjería (37%); y el «cierre de las fronteras» lo propone un 22%. En tales porcentajes negativos influyen los inmigrantes ilegales que llegan a nuestras costas insulares, y también la presencia problemática de los refugiados y su acogida especialmente en el Mediterráneo y en las costas del sur de España; y las imágenes televisivas de campamentos en las costas griegas y turcas.

La problemática de la inmigración no es nueva en Europa. En los últimos años, a la inmigración que llegaba a nuestras fronteras en busca de una vida mejor se ha sumado aquella que llega huyendo de conflictos armados o del hambre. Este hecho provocó una crisis migratoria sin precedentes en la Unión Europea, la cual se vio obligada a implantar, deprisa y corriendo, una serie de políticas migratorias con más o menos consenso de sus estados miembros. Ni la UE ni sus estados miembros, especialmente los de la frontera sur, han sabido dar una solución adecuada. Y de aquellos lodos estos barros, los partidos de extrema derecha, Vox entre ellos, han sabido aprovechar el malestar ciudadano a través de presentar a los inmigrantes, especialmente a los musulmanes, como culpables de nuestras cuitas.

El Mediterráneo, un mar que un día fue puente, hoy es una barrera y una fosa. El Mare Nostrum, con el paso de los días, de los años, se va convirtiendo en un mar cada vez más peligroso e incierto, en un cementerio. Europa, en un ejercicio impúdico, desatendiendo responsabilidades, retira sus operativos para delegar los rescates a países terceros (vgr. Libia), que le haga el trabajo sucio.

¿Qué hay de la reforma de la ley de extranjería sobre migrantes menores de edad? El presidente Sánchez recordó en su discurso en la ONU que la desigualdad se ceba en los más vulnerables y entre ellos están los migrantes menores de edad. Su desamparo es de todos los colores: no solo humano y familiar, sino social y laboral. La actual legislación sobre extranjería los condena a la marginalidad forzosa a partir de los 18 años porque quedan fuera de la protección del Estado y deben buscarse la vida (en un sentido muy literal) por su cuenta.

La crisis de Ceuta y la gestión de los centenares de jóvenes marroquíes en curso parece estar en el origen de esta cautela actual: hoy las noticias rebajan la expectativa de esa reforma a otro más de los asuntos pendientes. Pero la vida de unos 16.000 menores de edad migrantes (8.000 que han alcanzado la mayoría de edad y otros tantos que siguen siendo menores) no es ni puede ser solo un asunto pendiente sino una urgencia que un Gobierno progresista debería acometer de forma inmediata. Retrasar las modificaciones a ese reglamento de la ley de extranjería obliga a esos jóvenes a callejear sin remedio y sin otra vía de auxilio que su propia capacidad de supervivencia en un medio hostil.

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