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Antonio Papell

La nueva normalidad

El uso del pasaporte de vacunación o documento similar debería ser mantenido mientras haya negacionistas resistentes a la vacunación

Estamos avanzando hacia niveles mínimos de contagio en nuestro país, aunque la comunidad científica no se atreva a hacer pronósticos, siquiera a medio plazo. El hecho de que la inmunización no sea completa —no lo es en los países desarrollados y mucho menos aún en los demás— facilita las mutaciones del virus, que de momento han sido controlables mediante las vacunas de primera generación pero que podrían dar a lugar a variantes que obligasen a innovar los fármacos y a emprender nuevas e imprevistas campañas de revacunación.

No es tranquilizador el cómputo de lo que ocurre globalmente: según datos muy recientes, el 43% de los habitantes del planeta han recibido al menos una dosis de las vacunas comercializadas y homologadas. La distribución es muy dispar y va desde más del 70% en Europa al 58% en Latinoamérica, al 56% en Norteamérica —tras el parón registrado en los Estados Unidos—, el 49% en Asia y al 6% en África (en este caso, según los países que aportan datos, que no son todos). Es evidente que una pandemia global no estará plenamente controlada hasta que suban sensiblemente estos indicadores.

La ‘nueva normalidad’ en España no será, pues, completa. El uso del pasaporte de vacunación o documento similar debería ser mantenido mientras haya negacionistas resistentes a la vacunación, que lógicamente no pueden ser admitidos en determinados trabajos ni en concentraciones, lúdicas o no, de personas. Probablemente, en un cierto momento se abrirá un debate sobre la obligatoriedad de las vacunas, ya que la prolongación de la pandemia a causa de la negativa de unos cuantos a ser factores de contagio exasperará a la comunidad. Y en todo caso, seguirán siendo de uso recomendable las mascarillas y los demás medios de protección.

Con todas estas dificultades, será posible sin embargo recuperar el proceso económico y poner en marcha el proceso de recuperación y resiliencia con los recursos propios y provenientes de la Unión Europea. Todo indica que conseguiremos antes de que concluya la legislatura recuperar los indicadores macroeconómicos previos a la crisis sanitaria, salvo, claro está, la deuda pública, cuyo incremento no frenará sin embargo el crecimiento porque nadie cree en la posibilidad de que suban los tipos de interés, aunque comiencen a frenarse los estímulos. Nos aguarda no obstante una inmensa tarea sanitaria, ya que la dedicación monográfica de la mayoría de los recursos al tratamiento de la covid ha dejado en precario a muchos enfermos de otras dolencias. Según Colpisa, el primer año de la pandemia dejó a 400.000 españoles sin poder ser intervenidos, a pesar de que en algunos casos la operación era urgente. Pero además, en ese periodo otros 460.000 enfermos no pudieron ser derivados a los especialistas, por lo que el número de intervenciones pendientes es en la práctica mucho mayor. En definitiva, el número de pacientes que están en la lista de espera quirúrgica durante más de seis meses ha pasado en este año del 20 al 27%.

En otro orden de ideas, existen muy altas expectativas sobre los efectos de la recuperación. Este domingo, el cardenal catalán Omella le decía al periodista Juliana que «hay una bomba social en España que estallará si fallan las ayudas». Llevamos en efecto dos crisis seguidas, y la precariedad de las clases menos favorecidas se ha incrementado, de tal manera que si se advirtiera que llega la prosperidad ostensiblemente pero sin que lo noten los de abajo, la reacción puede no ser pacífica. Cabría esperar en este caso una versión endurecida de aquel ya célebre 15 de mayo de 2015, cuando le gente se lanzó a las calles con el grito de «no nos representan», que efectivamente consiguió desmontar el sistema representativo bipartidista que se había formalizado tras la Constitución. Las personas que se hallan en España bajo el umbral del riesgo de pobreza (menos del 60% de la mediana de al renta nacional) es del 21%, un máximo histórico, y todas ellas, entre las que muchas son pobres laborales (no pueden vivir con el paupérrimo salario que reciben), esperan una respuesta positiva a su lógica exigencia de equidad.

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