¿Por qué Sanidad se niega a que sea obligatoria la vacunación contra el Covid de los trabajadores sanitarios y sociales? Es evidente que el recelo ante esta posibilidad se debe a inseguridades legales: Galicia ya preparó una normativa en que podía imponerse la vacunación obligatoria a los sanitarios y el Tribunal Constitucional echó abajo la disposición.
Algo que tampoco se entiende. El Derecho nunca puede ser esgrimido para defender violaciones a los derechos humanos —el derecho a la vida— y agresiones a la indemnidad de las personas. Quien decida emprender una profesión sanitaria ha de ser consecuente con su compromiso. No sólo los médicos con su juramento hipocrático sino todos los sanitarios con un comportamiento acorde con la responsabilidad profesional que asumen. Es inconcebible por tanto que un tribunal declare protegida la libertad de un sanitario para no vacunarse y poder infectar a ancianos en residencias u hospitales, como ha sucedido con dramática frecuencia antes de la implementación de las vacunas. Y, de nuevo, últimamente, con la quinta oleada.
Es admirable el garantismo de nuestro Estado de Derecho pero a todas luces hay algún fallo cuando el sistema democrático y constitucional, que permite la obligatoriedad del cinturón de seguridad en los automóviles, no es capaz de impedir que los negacionistas, que tienen perfecto derecho a serlo si se aíslan convenientemente, no sean un vehículo de contagio, es decir autores de homicidios por imprudencia.
