Lo reiteran quienes conocen bien cómo se despeja la ecuación del poder en el PP: es Pablo Casado, por decisión personal y en contra del parecer de connotados dirigentes del partido, incluidos los llamados barones (excepción hecha de Isabel Díaz Ayuso, que aguarda momento propicio para encaramarse a la cúspide disponiendo de la anuencia de José María Aznar), quien bloquea la urgente renovación de los principales órganos jurisdiccionales: Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Tribunal Constitucional (TC) y ahora el anunciado del Tribunal de Cuentas. Casado parapeta su endeble liderazgo, que no lo consideran ni los denominados poderes fácticos desde siempre proclives a la derecha conservadora (véase lo sucedido con empresarios y obispos católicos), en desquiciada huida hacia no se sabe a dónde, pero que sí lleva tasado el coste institucional que reporta: ahondar la considerable crisis en la que anda metida la Constitución de 1978, zarandeada con mucho más peligro por el PP de Casado que por los gamberros, insensatos e inútiles embates del independentismo catalán, que nada aprende ni desea hacerlo de las lecciones que intermitentemente le ofrecen los postreros siglos de historia española.
Se acumulan datos que permiten colegir que el PP no es partido que se someta a las reglas que establece el perímetros constitucional. De hecho a partir de diciembre de 1978, cuando se aprueba la vigente Constitución, solo ha habido dos partidos estatales que han jugado lealmente en ese perímetro: la desaparecida Unión de Centro Democrático (UCD) de Adolfo Suárez, víctima de batallas intestinas y de haber sido barrenada por la otra derecha, la Alianza Popular (AP) fundada por el ministro franquista Manuel Fraga, matriz del actual PP, y el PSOE. La derecha conservadora no se ha desenvuelto cómodamente en el perímetro constitucional. Parte de AP no aprobó la Ley Fundamental, la que la endosó lo hizo con marcadas reticencias, especialmente hacia el título VIII que establece el sistema autonómico. En la oposición, Aznar primero, Rajoy después violentaron el espíritu constitucional; hoy Casado llega más lejos: es llamativa la enorme irresponsabilidad a la que ha llegado el actual presidente del PP. No es solo el bloqueo de los órganos jurisdiccionales, sino la constante acusación de ausencia de legitimidad con la que tilda las decisiones del Gobierno. Casado se ha quedado sin adjetivos para descalificar a Pedro Sánchez, al que niega su condición de presidente legítimo llamándole traidor a España, felón y demás improperios comunes a la extrema derecha de Vox que ha hecho suyos sin recato. Ha ido tan lejos como Aznar al manifestar que en las dos oportunidades (excluye a Felipe González, porque 202 diputados son demasiados hasta para el rencor sin límites que le caracteriza) en las que el PSOE ha llegado al Gobierno de España, lo ha hecho cabalgando el peor atentado terrorista de nuestra historia, el islamista de 2004 (Aznar y su Gobierno mintieron al endosarlo a ETA para no perder las convocadas elecciones), y la moción de censura de 2018, pactada con independentistas y exterroristas, enfatiza, obviando sentencia judicial que condenó al PP por corrupción.
Añadamos a la carencia de pedigrí constitucional del PP su actuación en la Kitchen, donde ha protagonizado comportamiento similar al de organización mafiosa: utilizar los aparatos policiales del Estado para sabotear investigación judicial sobre el partido y sus dirigentes se salda en países sobre los que Casado se llena la boca para contraponerlos a la, según él, deriva «bolivariana» de Sánchez, con dimisiones en cadena. Aquí Casado decreta la ley del silencio.
Otra de las derivas de la derecha conservadora española radica en que los afines no solo endosan la táctica casadista sino que la azuzan. No tiene coste aparente. Solo aparente. Sucede que todavía, medio siglo después, está por cortarse el cordón umbilical que la conecta con el franquismo.