Las ayudas a la maternidad, sin duda el mejor medio de fomentar la natalidad y actuar sobre el declive demográfico —especialmente sensible a causa de la pandemia, que ha provocado decenas de miles de muertes y ha reducido significativamente la natalidad—, fueron introducidas a finales de 2007 por Rodríguez Zapatero, quien aprobó una prestación por maternidad de 2.500 euros. Ayuso ha hecho lo mismo, y con una ayuda más generosa, pero a diferencia de la propuesta de la presidenta madrileña que exige 10 años de residencia en la Comunidad de Madrid para acceder a la prestación, el único requisito para percibir el cheque bebé de Zapatero era ser madre española o extranjera que hubiera estado viviendo en España de forma continuada durante al menos dos años. Hubo protestas por aquel plazo que privaba a inmigrantes recientes de la ayuda, y esta finalmente se generalizó. Por desgracia, la crisis económica frustró el intento, y en mayo de 2010, durante la histórica e infausta comparecencia del presidente socialista para anunciar la primera tanda de recortes de aquella crisis financiera, Zapatero anunció que eliminaría la ayuda a partir del 1 de enero de 2011.
Ahora, Ayuso ha convocado una ayuda que tan solo se concede a las mujeres menores de 30 años empadronadas en la Comunidad de Madrid desde hace 10 años y que ganen menos de 30.000 euros anuales. El Ejecutivo madrileño calcula que la medida beneficiará a unas 14.000 mujeres y tendrá un coste de 250 millones de euros al año. Con datos oficiales, se puede demostrar que el 75% de las mujeres que fueron madres en 2019 se hubieran quedado fuera de las ayudas porque tenían más de 30 años o no podían demostrar haber residido más de 10 años en la Comunidad de Madrid o ingresaron más de 30.000 euros.
Lo de los diez años es una condición elegante para excluir a la inmensa mayoría de los inmigrantes. Se ve la mano de Vox en la medida. Y se capta cuál será la orientación real de esta media legislatura madrileña de dos años que nos aguarda.
