Hay fechas que con el paso del tiempo no se borran. Siempre tendremos presente el trágico 2020 a causa de la pandemia de la covid-19, especialmente para las familias que en este tiempo han perdido a un ser querido. Para el resto ha sido un periodo duro, también imborrable, que nos marcará, y en el futuro nos reconoceremos como las generaciones Pfizer, Moderna, AstraZeneca o Janssen.

El 27 de abril de 1981, en Torrejón de Ardoz, muere un niño de ocho años, el primer paciente envenenado. Dos semanas después son ya seis los fallecidos.

Un miedo recorre la Península. La enfermedad, de origen desconocido, se extendía por cuatro provincias del centro de España y como en todas las epidemias tiene un componente de clase: los más pobres soportan el mayor número de víctimas.

En los barrios periféricos de Madrid y en todo el centro de España, los casos se contaban a centenares y las autoridades de la UCD nos hablaban de un ‘bichito’ que producía una neumonía atípica.

Algo no cuadraba: afectaba solo a los pobres, pero los bebés de menos de 6 meses no caían enfermos. Por el contrario, los niños colapsaban las urgencias. Al ingresar en los hospitales, algunos se curaban y de regreso a casa volvían a enfermar.

El médico adjunto Juan Casado, de cuidados intensivos pediátricos del Hospital Niño Jesús de Madrid, no se conformó con el diagnóstico y junto con un grupo de jóvenes médicos empezó a buscar otras causas. Rastreó los productos consumidos por los pacientes hasta que encontró, un mes y medio después del primer fallecimiento, el patrón común: un tipo de aceite que se vendía por los mercadillos y las casas en garrafas de 5 litros.

Según la plataforma de afectados, la cifra de muertos fue de 5.000 y las de afectados 20.000. Una herida que aún supura y cuyos causantes, según cifras publicadas, pudieron obtener unos beneficios de 75.000 millones de pesetas.

De los 38 empresarios acusados, solo dos tuvieron penas privativas de libertad; los demás o fueron absueltos o ya habían cumplido pena con la prisión preventiva.

El ministro de UCD, cuando se llevaban ya 62 muertes, calificó el envenenamiento masivo como «un desgraciado incidente».

Esa gran adulteración del aceite de oliva con aceite de colza desnaturalizado puso al descubierto la fragilidad del sistema de control de los productos de alimentación.

Con ese motivo, basándose en el artículo 51 de la Constitución, que establece que los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, se puso en marcha la Secretaria de Estado de Consumo. Inspectores de consumo y técnicos instruían los expedientes sancionadores que se derivaban de los controles realizados. En 1984 se aprobó la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios. Dicha Ley, junto con la transferencia de competencias a las Comunidades Autónomas, y la entrada en la Unión Europea han acompañado en ese largo camino en la defensa de los consumidores hasta hoy. Debemos evitar que ‘bichitos’ y fraudes asesinos, como fue la colza, vuelvan a repetirse. ¡En eso estamos!