Se pueden evitar determinadas enfermedades, las infecciones, a través de la inoculación de las vacunas. Para otras no hay vacuna que valga. Para lo que son simplemente rasgos de la personalidad de los humanos, como la estupidez o la incompetencia, tampoco hay vacuna que valga. De la estupidez de los antivacunas, médicos negacionistas incluidos, se derivan males no sólo para los ellos, sino para todo el mundo. De la incompetencia de los políticos españoles se derivan males para todos los ciudadanos, pero no para ellos, que siguen blindados por la ley electoral y las listas cerradas y bloqueadas.
Hasta ahora, la responsabilidad de la tragedia de la pandemia de la covid 19 era situada por los políticos, sean los del gobierno central o los autonómicos, en la esfera del comportamiento individual de cada ciudadano. La responsabilidad principal era de los jóvenes que practicaban los botellones o de irresponsables que no hacían caso de las recomendaciones de las autoridades sanitarias, fueran éstas acertadas, como la distancia social o el lavado de manos, o completamente erróneas, como desaconsejar el uso de las mascarillas. En esto último nos mentían a sabiendas; mentían simplemente porque no había en el mercado mascarillas suficientes siquiera para los sanitarios. Quién sabe la cantidad de muertes que se podrían haber evitado de haber dicho la verdad y los ciudadanos haberse protegido de los aerosoles en espacios cerrados.
Cuando el pasado verano, tras el duro confinamiento de marzo y abril, se formuló la necesidad de cribados masivos para poder aislar a los infectados, se constató la insuficiencia de los rastreadores en todas las comunidades para acometer con éxito esta misión. Es imposible analizar el fracaso del rastreo sin relacionarlo con el escaqueo del gobierno de Sánchez trasladando la responsabilidad de nuevas restricciones a los gobiernos autónomos y ofreciendo a militares como rastreadores a petición de aquéllos. A continuación, se aprobó por el Congreso un estado de alarma de ¡seis meses!, cuando en la ley se establece para un período máximo de 15 días, cuyas restricciones, en cada comunidad, serían las que solicitase cada autonomía, trasladando así a ellas la responsabilidad de la lucha contra la pandemia fuera del ámbito que le es propio, el del gobierno de la nación. El berenjenal de medidas adoptadas fue de época y generó una desinformación generalizada, sin saber en muchos casos la ciudadanía qué podía hacer y qué no. De esta manera se afrontó la segunda ola de la pandemia, en la que a Balears no le fue tan mal como a otras comunidades. Fue en noviembre, cuando se gestionó por la UE la compra de vacunas, especialmente la de Pfizer-Biotech, Moderna y Oxford-Astrazeneca. La UE avisó a todos los Estados europeos de la disponibilidad de la primera en el mes de diciembre y la necesidad de planificar toda la vacunación. Era sabido desde el primer momento que sólo se podría afrontar el éxito en la lucha contra la pandemia con la vacunación de un porcentaje de la población del orden de un 70% del total, por lo que la logística y la rapidez en la vacunación eran trascendentales. Pues bien, mientras hemos podido ver por televisión como se vacunaba rápidamente en Reino Unido, EE.UU., e Israel, la vacunación en Europa se demoraba. Cuando por fin se distribuían las vacunas en la UE, al filo del comienzo de la tercera ola, hemos podido constatar que mientras en algunos países, como Alemania, se vacunaba con rapidez, en España, tras una semana de vacunación, sólo se había administrado el 20% de todas las vacunas entregadas por Pfizer. Sólo se ha administrado una de cada cuatro vacunas previstas. Algunas comunidades, como Asturias, que ha administrado ya el 100% del cupo recibido, han demostrado estar preparadas, Balears ha superado el 50%, mientras otras comunidades, como Madrid apenas rozaban el 7%.
Si hasta ahora los políticos achacaban a la irresponsabilidad de los ciudadanos el ascenso imparable de los contagios, con la disposición de las vacunas esta excusa se ha acabado, la responsabilidad es suya. Pero los políticos son incompatibles con la asunción de responsabilidades. En Madrid argumentan que no se ha podido llegar a más ancianos en las residencias porque no estaban en ellas, sino fuera, con familiares; en Cataluña, que faltaba personal por estar librando por vacaciones de Navidad. En fin, ha sobrado prepotencia de la administración y ha faltado previsión para encarar la batalla más necesaria en cien años para preservar la vida de los ciudadanos españoles. En un momento crucial de nuestra historia, donde todos los recursos de la sociedad deberían estar movilizados para derrotar al coronavirus, contemplamos cómo la incompetencia criminal de los políticos intenta justificarse con excusas burocráticas. El gobierno de Sánchez se ha limitado a ofrecer, ¡ahora!, unos pocos cientos de médicos y enfermeros militares, previa petición de las autonomías. Un gobierno que merezca ese nombre, en las más adversas condiciones que cabe imaginar, tendría con tiempo suficiente toda la logística necesaria para afrontar un riesgo de tal magnitud; no haberse limitado a contemplar posibles demandas. No sólo estamos hablando de salud, también de economía. Los expertos avisan de que la salida rápida de la crisis provocada por la pandemia, el llamado rebote, se quedará en la mitad de lo previsto si hay retrasos en la vacunación. Los afectados son muchos. El paro ya ha crecido alrededor de 700.000 personas y no es seguro que todas las empresas en ERTE puedan sobrevivir. Se suben las pensiones y el sueldo de los funcionarios, pero ¿qué va a pasar con todos los afectados en la hostelería (bares, restaurantes), en el ocio nocturno, en la cultura? Todos somos ciudadanos, pero no somos todos los que nos sentimos protegidos por el Estado. Mientras, los políticos, a lo suyo, al poder. Así vemos como uno, el ministro de Sanidad, que no parecía mal tipo, se permite mentir el día antes de su designación, acordada hace meses, para encabezar las autonómicas de febrero en Cataluña, afirmando la candidatura de Iceta. Con esta maniobra más de Sánchez, se constata que la prioridad para él no es la pandemia sino los votos en Cataluña; todas sus peroratas televisivas, pura propaganda.