La mayor esperanza de vida de España en general y de Occidente en general aumenta la edad media de las poblaciones y el número absoluto de mayores de 65 años (que es la edad convencional de jubilación).
Además, ha habido una clara evolución hacia la familia nuclear que vive en una unidad, en detrimento de la familia extendida, en que se juntan varias generaciones. Y la mayor supervivencia, unida a lo exiguo de las ‘soluciones habitacionales’, impulsa la existencia de residencias de mayores. Algunas públicas y otras privadas. Aunque el parque es todavía muy exiguo: a 30 de octubre pasado, vivían en España 8.764.204 personas con 65 o más años y existen 366.633 plazas en residencias para mayores, lo que significa una plaza cada 24 personas posibles solicitantes.
La pandemia ha esquilmado esas residencias, ya que los mayores son población de riesgo, muy sensibles a la covid-19, y dichas residencias no habían sido concebidas para resistir una enfermedad altamente contagiosa de esta naturaleza ni disponían de los servicios sanitarios adecuados para crear en poco tiempo un sistema de prevención que pusiera a salvo a estas poblaciones. El fracaso ha sido dramático y estrepitoso, y tanto si se exige rendición de cuentas como si no, es urgente dictar normas estrictas que aseguren a los mayores un trato digno, supervisado por la autoridad social pública, y unas instalaciones social y sanitariamente bien dotadas. Lo que había es un salvaje agujero de indignidad, y las cosas deben cambiar inmediatamente.
