Hay pocas contradicciones que superen a la de transformar a un juez de paz en objeto de disputa, sea política o de otro orden. Pero lo que está ocurriendo en Pollença no es más que la punta del iceberg de un mal hábito creciente que se está implantando en muchos municipios mallorquines, el de crear lazos demasiado estrechos entre cargos políticos y jueces de paz. Nunca es buen momento para este tipo de familiaridades, pero ahora, aún menos, porque la propia identidad del conciliador llamado a evitar conflictos mayores está cuestionada incluso por el organigrama judicial en revisión. Esta vez lo tendrá difícil el Tribunal Superior de Balears para refrendar el acuerdo del ayuntamiento de Pollença. Martí Ochogavía dice que se siente capacitado para el cargo y recurre al aval de la popularidad como herramienta a su favor. Sin cuestionar estos extremos, hay que decir, sin embargo, que no se trata de eso. No es aconsejable, sano ni prudente que un juez de paz tenga antecedentes y vínculos políticos recientes.
