Tiempo habrá para comparar la desesperación, la ruina y la muerte de tantos ciudadanos con un presidente que no duda en ponerse de perfil y escaquearse de sus responsabilidades. Esta semana se han presentado los presupuestos para 2021. Aunque quizá es pronto para su valoración, pues a lo que parece, determinadas alzas en los impuestos, como es el caso del diésel, pueden ser retiradas. Algunos hacen una crítica total de los mismos justificada por la crisis económica que produce la pandemia; pero desde otros puntos de vista era imprescindible un inicio de recomposición fiscal. Ciertamente clama al cielo que tras la crisis de 2008 se haya producido un notable incremento de multimillonarios al tiempo que se haya continuado depauperando la clase media. Así, se ha culminado un proceso iniciado en los 90, tras el hundimiento del comunismo y el inicio de la globalización, en el que se redujeron la presión fiscal y los tipos marginales que en occidente gravaban a los más ricos, IRPF, sociedades, patrimonio y sucesiones, y posibilitaron la creación de una clase media potente que caracterizó a la socialdemocracia en Europa y EE UU. Los ingresos del Estado recaen básicamente sobre los trabajadores por cuenta ajena. Mientras los ingresos por IRPF en 2019 han sido de 86.892 millones de euros, por IVA de 71.538 millones y los impuestos especiales de 21.380 millones, los ingresos por impuesto sobre sociedades han sido sólo de 23.733 millones. En el proyecto se prevén 144 millones más por el incremento de dos puntos para las rentas superiores a 200.000 y 300.000 euros (36.000 contribuyentes); 473 millones por sociedades (1.700 empresas); 329 millones por patrimonio de más de 10 millones. Será la mayoría de la población que deberá hacer frente a impuestos que, desde una perspectiva sanitaria y medio ambiental, tienen razones que los justifican: el IVA a las bebidas azucaradas y a los envases de plástico. Ya se sabe que el del diésel ha enfadado al PNV y podrá ser retirado. En total hablamos de una previsión de ingresos en torno a los 6.000 millones para 2020. Ahí es donde pueden albergarse más dudas. ¿Cómo no pensar que, tras la ruina de la hostelería, empresas de transporte y comercio en general, las previsiones de ingresos no van a poder realizarse, mientras los gastos deberán afrontarse? ¿Cómo no pensar en un incremento de la deuda y el déficit, que van a aumentar la dependencia del exterior?
Sánchez atesoró, durante el confinamiento de marzo y mayo pasados, la convicción de que nunca más volvería a ser cuestionado cada quince días en el Congreso y cada día por algunas comunidades autónomas como la de Madrid. El PP obtuvo el castigo por tanto cuestionamiento en una rápida desescalada y en una remontada de la pandemia durante el verano, en la que el Gobierno de Sánchez se desentendió de la misma. Que el PP probara su propia medicina. La tensión con Madrid llegó hasta el punto de imponer restricciones que, recurridas por Ayuso, fueron anuladas por los tribunales. Mientras tanto, a finales de setiembre y, especialmente este mes de octubre se ha hecho realidad la segunda ola de la pandemia en toda Europa que amenaza el colapso hospitalario para mitad de noviembre. Sánchez no se arredró ante lo que se le venía encima, e igual que hizo en junio, se dispuso a ponerse de perfil. En primer lugar, el pasado domingo, reunió el consejo de ministros para aprobar el decreto del estado de alarma y el toque de queda en todo el país excepto en Canarias. Declaró, ante una estupefacción generalizada, que solicitaba un estado de alarma en vigor hasta mayo de 2021. El artículo 6.2 de la ley orgánica 4/1981 que regula el estado de alarma, excepción y sitio, dice: «En el decreto se determinará el ámbito territorial, la duración y los efectos del estado de alarma, que no podrá exceder de quince días. Sólo se podrá prorrogar con autorización expresa del Congreso de los Diputados que podrá establecer el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga». Curiosamente, el PP ofrece una prórroga de ocho semanas y los aliados del presidente le ofrecen dos meses, como Ciudadanos. Esta cuestión ya se planteó en mayo y quedó claro que las prórrogas no podían exceder de quince días. Es lo racional y el espíritu de la ley. No puede ser que una prórroga sea más extensa que la duración de la alarma prevista. O que el estado de excepción, de treinta días.
Pero Sánchez, además, y sin duda presionado también por sus aliados, en una nueva pirueta, delegó en los presidentes de las comunidades la aplicación del toque de queda y el estado de alarma. El objetivo era ponerse de perfil en la gestión de la pandemia que está asolando España para que, a ojos de los ciudadanos, el responsable sea el presidente de cada comunidad estableciendo por su cuenta las medidas para su control, que no necesariamente son similares a las de sus vecinas. El artículo 7º de la ley establece de forma cristalina: «La autoridad competente será el Gobierno o, por delegación de éste, al presidente de la comunidad autónoma cuando la declaración afecte exclusivamente a todo o parte de territorio de una comunidad». No es que se precise el retorcimiento de una ley para salvaguardar la impoluta imagen de un gobernante que se cisca en leyes cuya aplicación le incomodan, se requiere el más absoluto cinismo para hacer lo contrario de lo que la ley prescribe, amparándose en el apoyo de unos aliados, como el PNV, que exige a Sánchez que el mando de la alarma en el País Vasco esté en sus manos. Ocurre lo mismo en Cataluña, con Aragonés, de ERC al frente de la Generalitat. Al afectar la pandemia a todo el país, es obvio que el único responsable de la aplicación del estado de alarma es el presidente del Gobierno de España. Como ya se ha dicho en otros momentos, España, en uno de los peores momentos de su historia está en manos de un narcisista, un gobernante insensato, que no busca otra cosa que eternizarse, al precio que sea (lo van a pagar sus ciudadanos), retorciendo las leyes o, en el colmo del abuso de poder que le consienten los que le auparon para beneficio propio en vez del interés general, desacatándolas. Esta es la peligrosa aventura personal en la que se embarcó Sánchez en 2018 y 2019 en la que se transparenta la imagen de todo un país sometido a la ambición de un solo hombre: pobre y desventurada España. Es lo que suele pasar cuando se realiza el gobierno de los hombres en vez del gobierno de las leyes. Si Armengol no las respeta, ¿por qué Sánchez, mucho más poderoso?
