Los ayuntamientos del país han estado guardando millones de euros, que han pagado los vecinos a través de tributos y tasas municipales, cual hormigas que hacen reservas en su alhacena y, ahora, esas reservas del orden de 15.000 millones de euros, cifra considerable, pretende el Gobierno central apoderarse de ellas. Estos recursos deberían destinarse a inversiones municipales en infraestructuras, depuradoras, potabilizadoras, residencias de ancianos, escuelas, seguridad y también en aliviar la presión fiscal a los esquilmados ciudadanos. Carecería de sentido que el Gobierno impidiese la libre disposición de este caudal a los ayuntamientos. Este capital municipal de alguna forma estaba retenido para disimular el déficit del Gobierno anterior, déficit ocasionado por una despilfarradora gestión. El abultado déficit actual y la consiguiente deuda pública que grava al Estado español no es consecuencia por lo tanto de la gestión municipal.
Ahora la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cual cigarra vivaz, ha dado una nueva vuelta de tuerca a los ayuntamientos, se ha sacado de la manga un real decreto -real decreto confiscatorio-, que la autoriza a apropiarse del ahorro de las corporaciones locales, quince mil millones. Estamos ante una nueva maniobra que interfiere la autonomía municipal. El decreto ha soliviantado ya a los alcaldes, que mayoritariamente dicen que no acatarán esta disposición. La intención de la señora Montero consiste en incautarse, ahora, de esos fondos y devolverlos dentro de diez o quince años, ¡largo me lo fiáis!, imprecación que aparece con frecuencia en obras de Tirso de Molina, en el El burlador de Sevilla, y en la novela de Zorrilla, Don Juan Tenorio. Cualquier promesa de hacer en el futuro tiene escaso valor, las promesas de hacer, en política, carecen de credibilidad, pues el expectante político es poco tangible. Los alcaldes prefieren que su dinero continúe en sus cuentas, pues según reza el proverbio "más vale pájaro en mano que ciento volando", aforismo que deriva del latino est avis in dextra, melior quam quattor extra. No es bueno cambiar algo cierto y seguro, que está en su poder, por la incertidumbre que supone algo a quince años vista en manos del Gobierno central.
La relación ayuntamientos-gobierno no pasa por un buen momento, los consistorios han recaudado y ahorrado durante años y por ello cuentan con este superávit, el gobierno central ha dilapidado por sistema, muchas veces en gastos corrientes, cargos superfluos, redundantes, fiado en su capacidad recaudatoria con impuestos directos e indirectos, pero cuando la economía se retuerce, como ahora sucede, lo tiene más difícil y por ello quiere echar mano del dinero municipal. Estamos ante el caso de la fábula de Esopo (Frigia, Grecia, año 600 a. C.), La cigarra y la hormiga, relato breve protagonizado por animales personificados. Las fabulas concluyen con una moraleja sobre el comportamiento humano. La cigarra se pasa el verano holgazaneando, mientras que la hormiga trabaja todo el estío recogiendo alimentos y guardándolos para cuando llegue el invierno. Esta fábula-moraleja ya era conocida en tiempos de Homero. La Fontaine (París 1621-1695), poeta y miembro de la Academia francesa, la divulgó relatando que la hormiga es previsora y ahorradora y la cigarra es una vividora que solo piensa en gastar sin pensar en el futuro. La obra de La Fontaine fue ampliamente conocida en el XVII y XVIII.
Los ayuntamientos deben ser cautos y no les conviene ceder sus recursos a la ministra Montero. Les conviene valorizar lo que tienen seguro y desconsiderar el incierto futuro. Dentro de quince años nadie sabe quién gobernará, ni que capacidad tendrá el Gobierno para devolver ese dinero. Es impensable que estos depósitos se puedan recuperar en su día, incluso reclamar, vía contencioso, en cualquier caso la experiencia enseña que el Gobierno central no suele cumplir las sentencias dinerarias que le son adversas.
