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Ramón Aguiló

Escrito sin red

Ramón Aguiló

Vestiduras rasgadas

Dudo de que las disposiciones aprobadas en el decreto de medidas extraordinarias sean suficientes para paliar la hecatombe que se avecina

El decreto ley de medidas extraordinarias aprobado el miércoles de la pasada semana por el gobierno de Francina Armengol, ha supuesto un verdadero bombazo a sus relaciones con sectores tradicionalmente proclives a la izquierda de la izquierda. Desde apoyos mediáticos permeados de nihilismo, combativos contra todo lo que significa turismo; desde el nacionalismo nostálgico de la Mallorca anterior a la Guerra Civil, pobre, conservadora, pero auténtica, de identidad no contaminada por la emigración peninsular; o entidades ciudadanas copadas por la extrema izquierda paleolítica formada en la dialéctica amigo-enemigo de la lucha de clases; ecologistas, forjados unidimensionalmente en la lucha contra históricos desafueros urbanísticos de constructores y hoteleros; todos ellos, como Fuenteovejuna, se han pronunciado contra el decreto ley. Han acusado al gobierno de PSOE, Unidas Podemos y Més de asumir las tesis de patronales y hoteleros.

Dudo de que las disposiciones aprobadas en el decreto sean suficientes para paliar en buena medida la hecatombe que se avecina. La pregunta que deberíamos hacernos es, simplemente, si no debíamos hacer nada más que colgar pancartas de solidaridad en los balcones, como hace el ayuntamiento para disfrazar la mala conciencia de sus incapacidades, o si había que intentar algo a la desesperada. Se ha dicho que la pandemia no era la causa sino la excusa para fortalecer aún más a los más poderosos. El mártir retrospectivo de Cort, líder de un partido (Més) dividido por odios feroces, se ha vanagloriado de haber conseguido reducir las ampliaciones que pretendía el PSIB (el 20%) a un honorable 15% (todo un argumento para seguir en las poltronas). La Federación de Asociaciones de Vecinos ha denunciado el decreto “por favorecer a hoteleros, promotores y constructores, el negocio basado en la especulación y el monocultivo turístico pasando por encima del interés general de la ciudadanía”. Hombre, indeseables hay en todas partes, no sólo entre los empresarios. Lo que es exigible al govern es que sea implacable contra los infractores a la declaración responsable de obra.

Constituye un espectáculo formidable este rasgarse las vestiduras de los sectores que tradicionalmente han apoyado a los sucesivos gobiernos de progrés, sea desde su plena identificación con sus presupuestos, sea desde posiciones más críticas, al grito de “¡antes muertos que lúcidos!” La pregunta que quizá habría que hacerse es qué diablos ha pasado para que el gobierno de Armengol se haya refutado a sí mismo. Que se han cometido desafueros en el pasado es incuestionable; que ha existido una insoportable arrogancia por parte de algunos próceres del turismo, verdad; que han contado históricamente con el favor de la administración, también. Hoy pienso que no es que el gobierno se haya rendido a los hoteleros. Simplemente creo que el govern de izquierda radical-nacionalista se ha topado con la realidad. Los agitadores de masas radicales pueden seguir predicando la rendición del govern a los presupuestos de la derecha; están en su derecho en persistir en la irrealidad, y la gran ventaja con la que cuentan es que la ciudadanía no va a experimentar totalmente las consecuencias de sus fantasías. La oposición a la ampliación temporal de terrazas para poder dar trabajo es incomprensible: la ideología por encima de la supervivencia. La realidad se impone a la demagogia. A veces tarda, a veces con consecuencias dramáticas, pero siempre se impone.

La realidad es que los ingresos públicos se reducirán en 2020 en 25.700 millones en toda España; que los gastos se incrementarán un 35%, con un déficit del 31%; en términos de PIB, un déficit del 15%. La deuda pública se incrementará hasta el 115% del PIB. Para Balears que, con el turismo como principal industria, será una de las autonomías más perjudicadas por la Covid-19, los porcentajes serán aún peores. No se sabe si los ERTEs finalizarán en junio con el estado de alarma o seguirán hasta diciembre. Ni cómo se resolverán las ayudas europeas, ni a qué reformas se van a condicionar. El gobierno de Armengol ha visualizado una realidad de miles y miles de parados, de pobreza y hambre, colas interminables de familias pidiendo y exigiendo ayudas para sobrevivir. Ha pensado que era imposible sobrevivir políticamente a este panorama y ha priorizado su supervivencia a su ideología política, “primum vivere”. Se favorece a las empresas hoteleras no por sus accionistas, como dicen los maniqueos, sino porque de ellas vive, directa o indirectamente, la mayoría de la población activa de Balears.

El monocultivo es turístico porque ninguna otra industria decisiva ha sobrevivido en Mallorca. El mártir de Cort y tutti quanti lo detestan, pero la realidad se impone: quien decide las inversiones es la iniciativa privada, el capital; los costes de insularidad impiden cualquier tipo de industria que suponga importación de materias primas y mercados exteriores. Todo el dinero público invertido en facilitar implantaciones esotéricas como la fábrica de bombillas japonesas de Cañellas es dinero vertido al mar. Nos quedan alternativas como la científica, la educativa, la de transformación de productos del campo y de investigación de las ciencias del mar, todas ellas necesarias, a largo plazo, pero insuficientes para dar trabajo directo o indirecto a la población activa de Balears. Lo único que tenemos y tendremos (para nuestra suerte) es la industria turística. Cuidémosla, éste es el interés general.

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