Cuando llevamos dos meses de estado de alarma y casi todos sus días en confinamiento, es preciso empezar a hacer balance de sus resultados pues ya ha dicho el presidente del gobierno que su objetivo es mantenerlo hasta finales de junio. En estos días conocemos que se han sobrepasado los 27.000 fallecidos y un total de unos 230.000 contagiados. De dar por buenos estos números, que sólo dan fe de aquellos casos que se han diagnosticado por test PCR, los números reales serían superiores, la mortalidad de la Covid-19 alcanzaría el 12% en España. Pero a estas alturas no parece que pueda darse mucha fiabilidad a los números; no solamente los de España, tampoco de otros países, como, por ejemplo, los de la tan ejemplar Alemania, donde sólo se contabilizan los fallecidos en los hospitales. Es de lamentar que la OMS no haya conseguido homogeneizar los datos, para poder llegar a conclusiones más fiables. Si los datos facilitados por China fueran ciertos no se podría entender que la mortalidad en Wuhan fuera del 3%, en el resto de China sólo del 0,7% y en cambio en España alcanzara esta cota del 12%. Las cifras comparativas con la gripe de 1918 son todavía más desconcertantes pues sabemos que el número de fallecidos en todo el mundo no admiten comparación: entre 50 y 100 millones entonces, con 300.000 fallecimientos de un total de 8 millones de infectados en España, con una tasa de mortalidad del 3,75%. Es decir, ahora, con mucho mejores sistemas de salud que hace un siglo, la mortalidad de la Covid-19 en España triplicaría la de la gripe de 1918.
Si para gestionar adecuadamente una crisis y para poder criticar la labor de los dirigentes políticos es preciso disponer de datos objetivos, la sensación en estos momentos es de desconcierto para la crítica y de que los que gestionan lo hacen a oscuras. Sólo la realización de test generalizados a toda la población podría alumbrar las medidas más eficaces de desescalada. Sabemos de la incapacidad del gobierno para afrontar el reto. Presumimos que el estudio de inmunización que se está realizando a 32.000 familias podrá dar una información que habría sido de gran eficacia de haberse iniciado antes. Ahora, seguirá siendo útil, pero menos que cuando se programó la desescalada. En todo caso, y frente a quienes se dedican a salvar responsabilidades de quienes comparten ideología, hay que precisar y dejar diáfano que desde el 14 de marzo sólo existe una autoridad en España: la del gobierno de Sánchez, de acuerdo con el artículo 7º de la ley orgánica 4/1981 del estado de alarma, excepción y sitio.
Cada comparecencia del gobierno solicitando autorización al Congreso para prorrogar el estado de alarma ha consistido en una estación de vía crucis, especialmente la de la pasada semana. Y no por las críticas de la oposición, que también, sino por la inseguridad de su aprobación al subirse a las barbas del gobierno sus aliados de la investidura, PNV, ERC y EHBildu. El aviso de Casado del miércoles de que no volverían a apoyar una nueva prórroga (votarían en contra) vuelve a tensar la situación y a dar protagonismo a Inés Arrimadas. Pero quien está sumido en importantes contradicciones es el gobierno de Sánchez. Después de tener que apechugar con el recelo de Unidas Podemos y el rechazo de su pacto con Ciudadanos ("esa derecha liberal recentralizadora") por ERC y Bildu, Sánchez aseguró, al mismo tiempo, agradecer nuevos apoyos (C`s) y, al tiempo, mantener el acuerdo con todos los que apoyaron su investidura. El miércoles pidió unidad para salvar vidas y la economía. En este punto, Sánchez debería aclarar qué, a su juicio, es más importante, si mantener los presupuestos ideológicos de su programa de gobierno con UP apoyado por PNV, ERC, Bildu y otros, o salvar vidas y economía, pues, de pensar que esto último es lo más importante, no se entiende que persevere con su atención a ERC que ya ha negado cualquier apoyo a una futura prórroga. Ambas posiciones son incompatibles: parecidas a la de pretender soplar y sorber al mismo tiempo. La última encuesta de demoscopia apunta a un debilitamiento de UP y de Vox y un repunte del PP alcanzando al PSOE, con lo que se acentúa un regreso al bipartidismo y, también, a la indeseada polarización política, que augura una posible convocatoria electoral para 2021.
La necesidad, seguramente objetiva, de prorrogar nuevamente el estado de alarma, ha alumbrado una nueva ocurrencia de Sánchez: la de solicitar al Congreso una nueva prórroga; pero no de 15 días, sino de un mes hasta el final de la desescalada. Desde mi punto de vista, un disparate contra la C.E. que Sánchez está dispuesto a asumir con tal de ahorrarse el suplicio de negociar cada prórroga y de sufrir las embestidas de aliados y adversarios. Aunque puede agarrarse a la letra de la ley, que habla de que el Congreso podrá establecer el alcance y las condiciones de la prórroga, es absurdo pensar que si la vigencia del estado de alarma "no podrá exceder de quince días", pueda materializarse una prórroga adicional con una duración de un mes (¿por qué no de un año?) El plazo de 15 días es imperativo por una razón: se trata de medidas excepcionales que suspenden derechos y libertades constitucionales de los ciudadanos, que llevan en esta situación ya más de dos meses. La pretensión de Sánchez es no tener que pactar y profundizar en la desescalada asumiendo poderes despóticos. A estas alturas y todavía a oscuras, uno puede asumir la necesidad de alguna nueva prórroga, pero de quince días y pactando, no retorciendo la Constitución como un aprendiz parlanchín de dictador.
