Hay una seria crisis socio económica que viene marcada por la pandemia originada por la enfermedad del Covid-19. Nos plantea muchos interrogantes y escenarios posibles a corto y medio plazo. La idea subyacente a esta crisis es que una adecuada respuesta, además de acertar en la gestión de las finanzas públicas y en la remodelación del modelo productivo, tiene que incorporar obligatoriamente el objetivo de evitar una más que posible fractura social. Y aquí es importante tener muy presentes las lecciones que deberíamos haber aprendido de la crisis precedente (y otras anteriores), un período del que apenas empezábamos a reflotar.

La primera lección es que los hogares con menos recursos y cualificaciones son los más sensibles a un período de recesión, debido a su mayor probabilidad de perdida del empleo en las fases de desaceleración de la economía, ya que las relativas caídas de los salarios son también mayores. No podemos perder de vista que la recuperación en los niveles de bienestar en los distintos tipos de hogar difiere en la salida de la recesión: los grupos con mayores rentas restablecen más rápidamente sus niveles de bienestar previos.

Otro elemento importante que se debe valorar es el mantenimiento de altos niveles de pobreza y desigualdad en el período postcrisis: en el año 2017, el 24,7% de la población balear estaba en riesgo de pobreza y/o exclusión social, una cifra tan solo 2 puntos por debajo de la del año 2011. Unos datos que esconden realidades diferentes según la relación con la actividad económica: mientras que en las personas asalariadas a tiempo completo ese riesgo lo sufre el 12,6% (una clara señal del mal estado de salud del mercado laboral) entre los desempleados se dispara hasta el 59,1%. La primera conclusión que podemos deducir es que, aunque en términos del PIB la crisis parecía estar superada, sus secuelas aún permanecen en términos de mayor desigualdad y pobreza. Este hecho es el resultado directo de una menor disponibilidad de recursos en estos últimos años; pero a ello hay que añadir la aplicación de unas políticas regresivas que han debilitado los servicios públicos y el conjunto de la protección social.

El período de crisis precedente supuso un importante aumento tanto del desempleo, como también del número de trabajadores pobres y con empleos más vulnerables en las principales economías industrializadas. España lejos de librarse de esa dinámica, fue el país donde más creció el paro. De hecho, presentó algunas características específicas: es cierto que en anteriores períodos de recesión una parte muy importante de los costes sociales del desempleo fueron absorbidos por las redes informales de protección y, en especial, por la relativa solidez de las tasas de empleo de los sustentadores principales. Pero en España, entre los años 2009/2011, desde el inicio de la crisis, se alcanzaron los niveles más altos de porcentaje de hogares con todos sus activos en paro y la tasa de desempleo de los cabezas de familia creció más que la del conjunto de los activos.

Otro elemento diferenciador era, y es, la fragilidad de las redes de protección social y su capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia. Se pusieron de manifiesto de forma evidente las lagunas en el sistema de protección, al no disponer de una garantía de ingresos mínimos de carácter universal; a ello hay que añadir los graves problemas de fragmentación interna y territorial en los correspondientes subsistemas. En consecuencia, la respuesta al aumento de necesidades fue muy desigual y los mecanismos de ayuda creados con carácter transitorio no dieron, ni de lejos, cobertura al creciente número de hogares sin recursos.

A este respecto, es interesante el análisis que CCOO realizó en fechas recientes: "El insuficiente gasto público (consecuencia a su vez de una baja imposición y un elevado fraude fiscal) junto a la desequilibrada distribución territorial de los recursos de la Administración y el mal diseño de algunas prestaciones y programas, provocan que España sea uno de los países de la UE donde las transferencias sociales recortan menos la desigualdad generada por el mercado en la primera distribución de la renta". Podríamos concluir que, en nuestro país, el gasto social y otros aspectos institucionales en los cambios de la distribución de la renta, no han tenido ese papel fundamental a la hora de compensar el efecto regresivo de la destrucción de empleo y ralentización económica, ni tampoco en el momento de reforzar el efecto positivo de creación de empleo. Y esto último es importante por varios motivos; entre otros, porque las características del empleo creado, con bajos salarios, alta temporalidad y parcialidad para un elevado número de trabajadores y trabajadoras, limitan el posible efecto positivo sobre la reducción de las tasas de pobreza y desigualdad. Es decir, en España las transferencias y las políticas sociales tienen un impacto limitado. Así también lo reconoció la propia Comisión Europea en su informe sobre nuestro país en 2018.

Unas prestaciones sociales cuyo montante económico se destina en buena parte a prestaciones por desempleo y subsidios (y aún así con importantes lagunas) pero que deja en segundo plano otras políticas más estructurales destinadas a vivienda, exclusión social, igualdad, familia, salud, discapacidad. Menor gasto público que provoca, además, mayores dificultades para una adecuada actuación de los servicios públicos y que se acompaña de unas políticas que han aprovechado los años de crisis para promover una privatización de servicios esenciales, como dramáticamente se pone de manifiesto en estos momentos en el ámbito sanitario.

Las crisis económicas tienen siempre consecuencias laborales, sociales y cuando remiten, dejan cicatrices visibles y duraderas en la vida de las personas. Tomemos nota de los graves errores cometidos. Y como se recogía en un artículo reciente de Andrés Ortega "?si tras esta crisis del coronavirus, seremos capaces no ya de resistir y conservar, sino de mejorar. Si, al fin y al cabo, aprenderemos de esto". Es, quizás, una de las últimas oportunidades.

*Secretaria de Acción Sindical y Políticas Sociales CCOO Illes Balears