Almorzábamos el martes con las imágenes de los estudiantes independentistas encapuchados y enmascarados impidiendo al resto de sus condiscípulos entrar a clase en la universidad Pompeu Fabra. Se inauguraba así una huelga estudiantil indefinida que afecta al conjunto de las universidades catalanas. Previamente, el 14 de octubre, se había publicado un manifiesto de rectores y rectoras de estas instituciones a favor de los políticos presos condenados por el Tribunal Supremo: "indignación por la situación que se vive en Cataluña€ preocupación por las personas afectadas por la sentencia"; apelaban al diálogo "en el marco de la cultura de la paz y contraria a cualquier tipo de violencia". A tal manifiesto habían contestado más de 800 profesores de las universidades públicas denunciando la falta de neutralidad de los rectores catalanes ante la sentencia del procés. Rechazaban la legitimidad de los órganos de gobierno para posicionarse políticamente en nombre de toda la comunidad educativa. Argumentaban que la libertad de expresión es un derecho de las personas, no de las administraciones. El ministro Pedro Duque apoyó a esos profesores: "No podemos permitir que las ideas de unos se conviertan en la mordaza de otros. Contra el control ideológico y por la convivencia en la universidad". Los equipos rectores han anunciado que han admitido la reivindicación de los huelguistas que exigían una sola prueba final en lugar de la evaluación continua para poder compatibilizar la actividad académica con su asistencia a las manifestaciones y la participación en la huelga.
Esos piquetes de huelga encapuchados nos retrotraen a la experiencia vivida ya en el País Vasco y nos remiten al tradicional comportamiento de las minorías radicalizadas que hemos visto actuar en conflictos laborales y huelgas; casi siempre con una total impunidad. Se trata de impedir al resto, sea minoría o mayoría, su derecho a trabajar o a asistir a clase. Pero sin que perjudique a los huelguistas en su nación ideal, en aquella donde se puede hacer huelga sin ningún perjuicio, cobrando o con exámenes a la carta, es decir, sin ninguna responsabilidad sobre los propios actos. En ese caso no se trata sólo de impunidad, sino que, de la misma manera como Torra y los dirigentes nacionalistas han incitado "apreteu, feu bé en apretar", a los desórdenes públicos, los indignos rectores de las universidades han estimulado, con el uso de un lenguaje farisaico (cultura de la paz, contraria a la violencia) la violencia de los encapuchados. Algunos profesores lo explican así: "el pronunciamiento es por el alineamiento político de unos rectores, en otros, lo determinante es el temor a ser señalados como traidores a la patria". Mientras se embriagaban con el lenguaje de la paz, la patria y la nación, los rectores de la Pompeu Fabra acordaban con los enmascarados violentos su permanencia nocturna en la universidad para así poder impedir por la mañana la entrada a clase de los que discrepaban de hacer huelga.
A los dirigentes universitarios se les puede reprochar lo que Julien Benda les reprochaba en La trahison des clercs a los intelectuales nacionalistas franceses en los años treinta: que traicionaban los llamados valores clericales (lo verdadero y lo justo, la actividad libre y desinteresada que es el ejercicio de la razón) al tiempo que servían a una ideología. Que mientras sostenían un discurso que se pretendía desinteresado y racional, en realidad estaba fundado en emociones ideológicas y no en la razón. Al relatar, según algunos investigadores de manera ficticia, Luis Portillo, lo ocurrido en el paraninfo de la Universidad de Salamanca el 12 de octubre de 1936, que ha trasladado al cine Alejandro Amenábar en su película Mientras dure la guerra, pone en boca del rector Unamuno, destituido por Azaña y vuelto a nombrar por Franco previo a su destitución definitiva, respondiendo a Millán Astray: "Este es el templo de la inteligencia y yo soy su sumo sacerdote". Y aunque la inteligencia es un concepto más amplio que el de la razón, supone, entre otras cosas, la capacidad de razonar. Puede que el comportamiento de los rectores sea también inteligente, están posicionados para asegurar de la mejor manera su futuro personal, pero eso no supone que ésa fuera la manera con la que Unamuno reaccionaba al grito de "¡Muera la inteligencia, viva la muerte!". Frente a la cobardía de los rectores, Unamuno afirmó: "Venceréis, pero no convenceréis. Porque convencer significa persuadir y para persuadir necesitáis algo que os falta en esta lucha: razón y derecho." Eso es lo que también les falta a los inteligentes rectores catalanes. Les falta razón porque la han abandonado para entregarse a la emoción de la ensoñación romántica del nacionalismo; quizá también para preservar intactas sus aspiraciones personales en una Cataluña que, si no independiente, se imagina gobernada por el nacionalismo. Les falta derecho porque no tienen legitimidad para su pronunciamiento y porque se han situado frente a quien en la democracia española es la máxima salvaguardia del derecho: el TS. Todo esto, que en otras instancias es igualmente rechazable, como en el caso del Club de Fútbol Barcelona ("més que un club" según los que fueron sus presidentes, Narcís de Carreras y Agustín Montal, que lo empleó como eslogan electoral), que pervierte el catalanismo de la institución deportiva, trocándolo en puro nacionalismo, y el amor de sus seguidores en España y el mundo; pero que se entiende dada la catadura de los dirigentes del fútbol; en el caso de los rectores significa eso: la traición de la inteligencia.
