La sesión del Parlament de Cataluña del pasado jueves 26 de septiembre se celebró en la misma atmósfera enrarecida y sofocante que la de los días 6 y 7 de septiembre de 2017, cuando la cámara catalana, en un ambiente hosco y prerrevolucionario que obvió cualquier cautela jurídica y omitió el respeto debido al nada irrelevante sector no soberanista, aprobó las leyes de desconexión y del referéndum, con las que los independentistas pretendían celebrar el referéndum de autodeterminación el 1 de octubre y declarar inmediatamente después la República catalana. Ocioso es decir que el Tribunal Constitucional desactivó inmediatamente aquellos bodrios jurídicos que no tenían apoyatura legal alguna e infringían el Estatuto y la Constitución.
Aquel día 26, cuando ya se había producido la detención de los 9 activistas de los CDRs, se debatieron unas 70 propuestas y se aprobaron algunas de las más delirantes. Entre ellas, una propuesta de resolución de la CUP que reconocía que el 1-O se “ejerció la autodeterminación de Cataluña” y que salió adelante con los votos a favor de los ‘cupaires’, de JxCat y de ERC, los votos en contra de PSC, ‘comunes’ y PP, mientras que los diputados de Cs no votaron porque no se aceptó su previa petición de que aquella descabellada iniciativa no se aceptara por inconstitucional. En la misma propuesta, se decía textualmente: “constatamos que fue la violencia física, ambiental y jurídica ejercida por el Estado la que impidió la celebración de la votación en las mejores condiciones de normalidad democrática, y que en lugar de perseguir a los culpables de aquella violencia, se ha encarcelado y forzado al exilio a muchas de las responsables de un Referéndum legítimo y legal”.
Otra propuesta irracional y excéntrica que salió adelante fue la reafirmación en la resolución 1/XI de 2016, que “declaraba solemnemente el inicio del proceso de creación de un estado catalán independiente en forma de república”, que había formado parte de la ley de desconexión y que, como se ha dicho, ya fue suspendida por el TC.
Otra de las propuestas que prosperaron fue la presentada por JxCat y ERC por la que la Cámara declaró necesaria “la retirada de Cataluña de los efectivos de la Guardia Civil” ya que “se ha mostrado abiertamente como una policía de carácter político que está centrada en perseguir a determinados colectivos políticos y sociales, y completamente redundante a la hora de garantizar la seguridad de la ciudadanía”.
Finalmente —aunque la lista es mucho más larga— la Cámara catalana aprobó una propuesta de resolución conjunta de JxCat, ERC y la CUP que expresa el compromiso del Parlament para trabajar para conseguir la amnistía de los presos soberanistas si son condenados en la sentencia del juicio del 1-O.
Ante semejante sarta de dislates, que pretendían preparar el clima deseado por los independentistas para conmemorar, primero, el segundo aniversario del 1-O, que ayer llevó de nuevo la zozobra a las calles de Cataluña y a los corazones de todo el Estado, y para responder, después, a la sentencia por aquellos hechos que está al caer, el Gobierno adoptó una actitud de inequívoca firmeza. El consejo de ministros del 27 de septiembre examinó las aberraciones parlamentarias de la víspera y emitió una severa advertencia que no dejaba lugar a dudas: el Gobierno no consentirá la vulneración del Estatuto de Autonomía ni de la Constitución, y adoptará las medidas necesarias para impedirlo, en clara alusión ala posibilidad de aplicar el art. 155 CE. Sánchez ha repetido esta advertencia varias veces desde entonces, hasta ayer mismo.
En estas circunstancias, resulta tranquilizador que el consejo de ministros esté formado por constitucionalistas de alineación inequívoca y convicciones sólidas y bien reconocidas y reconocibles. Y hubiera sido muy inquietante —de quitar el sueño a muchos españoles— que en el Ejecutivo hubiera personajes de una organización cuyo líder ha defendido el derecho a decidir —el derecho de autodeterminación— de los catalanes, y comparte con los independentistas al menos la perversión del lenguaje, con lo que los juzgados por el Supremo serían presos políticos y Puigdemont y sus conmilitones prófugos serían en realidad exiliados. Ahora, pasado algún tiempo y con Cataluña en carne viva, se constata que Pedro Sánchez tenía toda la razón al negarse a la coalición con UP.
