Diez centros escolares públicos rechazan impartir la asignatura de Religión en segundo de Bachillerato por estimarlo aberración pedagógica, incompatible con el Estado aconfesional, como nominalmente es el español. Sucede que no lo es, aunque lo proclame la Constitución de 1978. En España sigue vigente el Concordato firmado por la dictadura del general Franco y la Santa sede, entonces regida por Eugenio Pacelli, el papa Pío XII, en 1950. Concordato revisado semanas después de la promulgación de la Constitución por el Gobierno del presidente Adolfo Suárez, que no se atrevió a tocar ninguno de los aspectos esenciales del pacto franquista, aunque fuera evidente que entraban en abierta colisión con lo dispuesto en el texto constitucional. En esas seguimos: amparados por los tribunales, los belicosos obispos siguen imponiendo la asginatura de Religión en los centros educativos. Un Gobierno del PP, el de Mariano Rajoy, a través del estrafalario y reaccionario ministro de Educación José Ignacio Wert, felizmente eclipsado, revirtió las disposiciones vigentes, aprobadas por el Gobierno socialista anterior, concediendo a la asignatura confesional, el rango que los obispos deseaban que tuviera: computa igual que las Matemáticas o las Ciencias Sociales.
Se entiende que diez centros escolares mallorquines consideren que estamos ante flagrante aberración pedagógica; lo que acontece es la pervivencia, esa sí aberrante, de los privilegios que la Iglesia católica española dispone a su antojo, que, además de recibir generosísima financiación pública, tiene en España consideración casi de religión oficial. El Estado español no es laico, tampoco estrictamente aconfesional, sino un ente híbrido, que establece en su Constitución que se mantendrán relaciones de cooperación con la Iglesia católica y otras confesiones. La cooperación casi es exclusiva con la católica. Siguen existiendo, citémoslo a modo de ejemplo, los curas castrenses y hasta el llamado arzobispo general castrense, establecido en 1950, que ostenta el grado de general de división. Las celebraciones religiosas se suceden en las Fuerzas Armadas, trufadas de patrones y patronas del santoral católico. Algunos jueces se encargan, aplicando discrecionalmente el Código Penal, de considerar lo que es estricta libertad de expresión atentado contra los sentimientos religiosos. No ofendamos ni a Dios ni a su Iglesia. Solo falta restablecer el delito de blasfemia.
La Conferencia Episcopal, con la que no hay nada que hacer, según afirmación de un miembro de una orden religiosa, no es que se resista a perder sus privilegios, sino que los pelea con fiereza. Coaccionó al Gobierno de Rajoy hasta conseguir la reversión de la disposición que relegaba la asginatura de Religión. Tampoco renuncia a ser financiada por el Estado y a estar exenta de pagar impuestos varios. Quiere las prebendas que le dio el franquismo. Por algo el dictador fue enaltecido con el Collar de la Orden Suprema de Cristo, la alta distinción que otorga el Vaticano a sus hijos más preclaros, a los predilectos de la Iglesia. Lo dicho por el exnuncio Fratini sobre de la exhumación de la momia del general Franco deja claro que son lo que son. Cualquier día los obispos españoles instarán a los fieles a elevar preces al Altísimo rogando por la conversión del papa Francisco. Aconteció cuando otro papa, León XIII, en las postrimerías del siglo XIX, fue execrado por los católicos españoles al dar a conocer encíclica pecata, la Rerum Novarum (primera encíclica social de la Iglesia), considerada herética.
Si el Gobierno de Pedro Sánchez no lo remedia, y no lo remediará, la Iglesia católica continuará chuleando al Estado. Los nuevos canónigos de la Iglesia de Mallorca podrán asegurar que seguirán siendo quienes son: fieles a los pobres y al Evangelio. Con desparpajo.
