Las encuestas afirman lo que el sentido común ya se había ocupado de aclarar: si con los mimbres electorales de la consulta del 28 de abril no se consigue formar gobierno, se activaría una tendencia clara a concentrar el voto en torno a los dos grandes partidos del antiguo bipartidismo para facilitar la gobernabilidad y castigar a las formaciones menores, que no habrían sido capaces de negociar y de pactar con las más grandes para generar la necesaria mayoría.
Así por ejemplo, una encuesta publicada este pasado fin de semana de El Mundo Sigma-Dos augura la subida relevante del PSOE y del PP. El PSOE dispararía su intención de voto en 3,9 puntos con respecto a abril, desde el 28,7% hasta el 32,6%; y en cuanto al PP, subiría 2,7 puntos, desde el 16,7% hasta el 19,4%. C's caería del 15,9% al 13,1% y según esta misma encuesta el 70% de los votantes de la formación naranja quiere que su partido facilite la investidura de Sánchez; UP bajaría del 14,3% al 13,2% y VOX bajaría del 10,3% al 8%. El trabajo de campo se realizó el 21 de junio, cuando los populares ya habían amarrado algunas de las principales alcaldías, como Madrid y Zaragoza, y habían dejado más o menos encauzados los pactos autonómicos en Murcia, Castilla y León y la Comunidad de Madrid.
Con estos resultados a la vista, es comprensible que el PP y el PSOE sientan la tentación de romper la baraja y auspiciar una nueva llamada a las urnas. De hecho, todo indica que en el PSOE están compitiendo quienes, atentos tan sólo la estrategia y a los indicadores, recomiendan forzar nuevas elecciones, y quienes prefieren formar gobierno a pesar de las dificultades, concertando la voluntad de las minorías a pesar de ciertas negativas rotundas e inmotivadas que merecerían ser embridadas por la repulsa de los electores. En todo caso, el PSOE está utilizando el argumento de las nuevas elecciones para forzar voluntades, ya que algún miembro caracterizado del partido de centro izquierda ha llegado a decir que si no hay gobierno en julio, el PSOE no se prestaría a intentar una nueva investidura en septiembre.
Frente a este dilema, que ya demuestra por el solo hecho de enunciarse la escasa afición a la negociación y al pacto de que han hecho gala los partidos españoles desde que sorprendentemente se quebró en diciembre de 2015 la tendencia al bipartidismo imperfecto, hay que manifestar serios inconvenientes que deberían sopesar con cuidado los partidos antes de lanzarse a la piscina de la repetición electoral, que ya se utilizó una vez en 2016 al no haber modo de formar gobierno tras las elecciones de 2015.
Por una parte, las encuestas no son muy dignas de confianza en este caso porque las circunstancias resultan singulares. Cualquier observador de la realidad cotidiana percibirá una irritación creciente de la opinión pública ante el pobre espectáculo que nos deparan los partidos que tienen la obligación constitucional de representarnos. Algunos pretenden que comulguemos con ruedas de molino y otros presumen descaradamente de su capacidad para engañar sin que se note demasiado. En estas circunstancias, podría producirse una abstención tan masiva que todas las previsiones demoscópicas resultarían sobrepasadas por la gran ola de la indignación generalizada.
Por otra parte, la incapacidad para pactar merecería sin duda un castigo, que la opinión pública se ocuparía de dirigir a quienes, a su juicio, fuesen responsables del fracaso en mayor medida. Y en todo caso, el hecho de llamar a las urnas de nuevo por impotencia de la clase política, después de habernos tenido largos meses pendientes de cinco elecciones consecutivas, sería interpretado dentro y fuera de España como un fracaso de nuestro régimen político, que nos devaluaría en Europa, frustrando un prestigio trabajosametne acumulado que nos ha llevado a una posición muy encumbrada en Bruselas.
No hay, en fin, razones de peso para una anticipación electoral, y de esta evidencia deberían partir los distintos actores para encerrarse a negociar sin límites hasta que, por obligación o por cansancio, consigan un resultado.
