En los sistemas democráticos, las elecciones periódicas otorgan plena soberanía al electorado para hacer y deshacer a su antojo. Sin embargo, es evidente que quien convoca la consulta, quien ostenta el poder en ese momento, parte con cierta ventaja por razones de visibilidad: está en candelero, controla los tiempos, dispone del Boletín Oficial del Estado, maneja el presupuesto. En cualquier caso, la propia historia reciente de nuestro país y por supuesto la de nuestros vecinos evidencian que en la práctica la ciudadanía decide con muchos más elementos en la mano, de forma que convocar las elecciones no significa ni mucho menos disponer de la certeza de ganarlas. Como debe ser, evidentemente.
La disputa se ha suscitado ahora porque Pedro Sánchez, que llegó al poder a primeros de junio como consecuencia de ganar una moción de censura contra el presidente del gobierno anterior, se ha manifestado dispuesto a "gobernar hasta el último día" y de seguir legislando como hasta ahora por decreto ley, un tipo de norma que en teoría sólo puede utilizarse "en casos de extraordinaria y urgente necesidad" (art. 86.1 CE). La misma disposición constitucional especifica que tales normas no podrán "afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general".
De hecho, el consejo de ministros del pasado viernes aprobó dos disposiciones de considerable enjundia, el Real Decreto-Ley de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, y otro de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.
La justificación de la "urgencia y necesidad" es subjetiva, y existe larga jurisprudencia al respecto que relativiza el rigor aplicable. El 33,8% de las leyes que se aprobaron durante el primer mandato de Rajoy al frente del Ejecutivo fueron en realidad decretos-leyes. José María Aznar en su primer mandato lo usó también con profusión, llegando al 32,95%. 15 de las primeras 16 leyes de Rajoy en la Moncloa en la legislatura 2011-2015 se aprobaron de este modo y en el cuatrienio hubo de 73 reales decretos-leyes, entre ellos un macrodecreto que implicaba la modificación de 26 leyes: la del IRPF o la ley de empleo, entre otras. El Gobierno aduce además que PP y C's han bloqueado el trámite de unas cincuenta leyes por procedimientos de filibusterismo parlamentario.
En el caso del mandato de Pedro Sánchez, cuyo mandato había de ser necesariamente breve por la precariedad de su apoyo directo y por la singularidad de su coyuntura, la urgencia ha afectado a la necesidad de revertir las consecuencias indeseables de la crisis económica, que todavía se hacen sentir con crudeza a pesar de que desde 2014 la economía española está creciendo. En el período entre las elecciones de 2015 y la moción de censura, Rajoy no emprendió iniciativa alguna en esta dirección, ni para aliviar una reforma laboral que laminaba los derechos de los trabajadores, ni para conseguir que la bonanza afectara a también a los salarios, ni para reducir la desigualdad generada por la doble recesión, ni para avanzar en el terreno de la equiparación de la mujer y poner fin a la brecha salarial en el sistema de relaciones laborales? La mayor parte de las reformas proyectadas por el actual gobierno no requieren además dotación presupuestaria alguna.
La oposición, que ha mentido una vez más al afirmar que el presidente del Gobierno está actualmente "en funciones" (lo estará al día siguiente de las elecciones generales y no antes), protesta porque, a su juicio este dinamismo legislativo estaría orientado a ser en realidad parte de la campaña electoral. Casado ha anunciado una denuncia ante la Junta Electoral Central, que de entrada no parece receptiva en absoluto. Muchos pensamos que valdría más competir en ideas, sugerencias, propuestas y proyectos que entretenerse en estos forcejeos, cuyo abundamiento acredita que en periodos electorales prevalecen también los intereses particulares sobre los generales del país.
