Los tribunales han hecho / están haciendo una labor admirable en la lucha contra la corrupción. Puede decirse que, en tanto al clase política ha sido incapaz de sanearse y autorregenerarse, los jueces sí han sabido devolver la ecuanimidad y la prestancia al sistema, metiendo en prisión a los corruptos más escandalosamente desaprensivos. Con todo, las reformas legislativas y administrativas contra la corrupción no se han llevado a cabo todavía con el rigor que el desarrollo sociopolítico de este país reclama y que ya han alcanzado otros muchos países europeos.
Transparencia Internacional acaba de llamar la atención sobre esta carencia. Señala que, paradójicamente, un Gobierno que llegó al poder por una moción de censura motivada por la corrupción del Ejecutivo anterior no ha puesto en marcha medidas de calado para regenerar la democracia española siete meses después. Este organismo independiente alerta en definitiva de que España está estancada en la lucha contra la corrupción, y en un lugar muy bajo comparado con el resto de socios de la Unión Europea, según el índice internacional que elabora analizando 180 países. España se sitúa en el puesto 20 de los 28 Estados miembros de la UE, y su puntuación, 58 sobre 100, no permite calificarla como una democracia "plena", que requeriría alcanzar los 75 puntos.
Desde potenciar el papel de la intervención general del Estado, que ha de fortalecer la fiscalización previa del gasto, a perseguir penalmente el enriquecimiento ilícito, hay muchas actuaciones pendientes para evitar volver a las andadas. La precariedad del apoyo parlamentario del gobierno no debería ser un obstáculo para avanzar decididamente en la dirección adecuada.
