España ha realizado un largo viaje que la ha situado en un puesto avanzado de la comunidad internacional en su lucha contra la violencia de género. El viaje evolucionó semánticamente cuando se pasó del 'crimen pasional' a la 'violencia doméstica', que englobaba todos los delitos que tenían lugar en el núcleo familiar, fuese contra mujeres, hombres o niños; y cuando, al ver que la mayor parte de aquellos excesos eran del hombre contra sus parejas o exparejas femeninas por el hecho de serlo, se acuñó el concepto de "violencia de género", ya asumido sobradamente por nuestros tribunales, que también utilizan la expresión "violencia machista", que equivale a feminicidio.
Lo que hora pretende Vox es una regresión: volver a englobarlo todo en el epígrafe de la violencia doméstica, negando que exista una violencia supremacista del hombre contra la mujer, acuñada en la cultura patriarcal que nos embarga, y no sólo a nosotros los españoles: los países nórdicos por ejemplo, que no experimentaron la contrarreforma, padecen estadísticamente más violencia de género que nosotros.
Pues bien: Ciudadanos se juega en este asunto el ser o no ser. No sólo porque le problema es central en este país -pocos temas sensibilizan más a los españoles que el goteo de muertes inicuas de mujeres a manos de energúmenos- sino también porque al partido de Albert Rivera, que en un cierto momento ocupó el centro político y se declaraba a caballo entre liberalismo y la socialdemocracia, le falta todavía asentar su identidad en términos comprensibles y definitivos. Cualquier concesión a Vox, como las que efectivamente está dispuesto a realizar el PP (que considera a Vox como una emanación de un grupo de conmilitones descarriados que pueden volver al redil), expulsaría a Ciudadanos del centro y le arrojaría en brazos del PP, con el que antes o después debería fusionarse por simples razones de economía de escala.
El problema de las definiciones en este momento está en Andalucía, donde Ciudadanos quiere cambiar de caballo ( Susana Díaz no es compañera de viaje apetecible en este momento, en que ella representa todos los déficit históricos del socialismo andaluz). Pero lo que pretende Ciudadanos, un simple pacto con el PP que sea 'consentido' críticamente por Vox, no parece posible. No cabe en física atravesar un cristal con un sólido sin romperlo ni mancharlo. Y si este tripartito se consuma, lo que significa que Vox habrá tenido que otorgarle al menos cuatro votos positivos en la votación de investidura, Ciudadanos quedará contaminado, Valls deberá abandonar su experimento catalán (si no quiere resignarse a hacer el más estrepitoso de los ridículos) y Ciudadanos deberá desistir de mantenerse en el Grupo Liberal del Parlamento Europeo. No puede ignorarse que Vox está siendo identificado fuera con el neofranquismo, es decir, con el club de perdedores de la Segunda Guerra Mundial, en el que también militaban los genocidas Hitler y Mussolini.
Si Ciudadanos no quiere repetir experiencia en Andalucía -a veces se olvida que la última legislatura andaluza ha sido responsabilidad del PSOE y de C's, aliados en la estabilidad-, tiene a mano otra opción: forzar nuevas elecciones. Nadie sabe lo que en este caso podría ocurrir y a lo mejor una nueva consulta arroja resultados semejantes a los del 2 de diciembre, pero también cabe la esperanza de que los votantes de Vox recapaciten sobre lo que han hecho o que los votantes de izquierda que se quedaron en casa para castigar a quienes habían incumplido supuestamente el mandato anterior, decidan enmendar el error y asumir su responsabilidad de votar para cerrar el paso a los radicalismos. De cualquier modo, el cálculo de Ciudadanos no puede reducirse a una cuestión de 'tocar poder': buena parte de sus militantes y simpatizantes más prestigiosos, como Francesc de Carreras, han mostrado su deseo de 'aislar a Vox'. En realidad, la historia de este joven partido nacido en Cataluña y bregado en duras luchas regeneracionistas no justificaría otra cosa.
