El 6 de mayo de 2010, Dolores de Cospedal, secretaria general del Partido Popular desde junio de 2008, anunciaba que su organización cerraba definitivamente la puerta a la posibilidad de un pacto educativo que había propuesto el gobierno de Rodríguez Zapatero a través de su ministro de Educación, Ángel Gabilondo. Este se dedicó durante muchos meses a negociar con todos los actores concernidos una ley básica de educación que pusiera definitivamente fin al constante cambio de modelo educativo que se producía a cada alternancia. Habló y negoció durante meses con las formaciones políticas, con las asociaciones de docentes y de padres, con todos los pedagogos de referencia de este país, y ponderó los modelos europeos más exitosos, hasta conseguir una propuesta irrechazable. Si embargo, el PP no creyó conveniente firmar un acuerdo de tanta importancia con el PSOE cuando el gobierno socialista se desangraba por la crisis y el PP se disponía a tomar el relevo tras una elecciones que habrían de adelantarse por la mala situación general.
Personalidades relevantes del PP reconocieron después en privado que aquella rupturista decisión estratégica, encaminada exclusivamente a colmar un objetivo electoral, frustró una magnífica oportunidad de haber resuelto uno de los problemas crónicos de ese país: la inexistencia de un pacto de Estado sobre educación que diese continuidad al esfuerzo y facilitase mayor eficiencia al sistema, ya que de ello depende la productividad del país. Es un escándalo que en los cuarenta años de democracia haya habido siete leyes reguladoras de las enseñanzas básicas.
Lo más grave de este disenso sistémico es que no proviene de una disputa técnica sino ideológica. No es que los políticos no sean capaces de encontrar el mejor método de reducir el fracaso escolar (España se mantuvo en 2017 como el segundo país de la Unión Europea con mayor abandono escolar, con una tasa del 18,3% de jóvenes entre 18 y 24 años que han abandonado de forma prematura los estudios, según Eurostat): la discrepancia es ideológica y arcaica: versa sobre la enseñanza de las lenguas en los territorios bilingües, sobre la existencia y la evaluabilidad de la asignatura de religión, sobre la implantación o no de una asignatura cívica como en la mayor parte de los países europeos y como recomiendas las instituciones comunitarias, en el alcance del concierto con los centros privados en un contexto de recursos escasos, etc.
Tras el fracaso de Ángel Gabilondo, que ofrecía sacrificar la LOE de 2006 (la ley educativa de Zapatero, también obtenida sin consenso), Wert sacaba adelante en 2013 su propia ley, la LOMCE, que invertía los postulados progresistas de la anterior e imponía otros fuertemente conservadores. Se le podrá (y quizá deberá) criticar, pero la metodología utilizada por Wert fue la misma que la que usaron sus predecesores. Los grupos parlamentarios de oposición política (salvo UPyD, UPN y Foro Asturiano) firmaron entonces un documento que les comprometía a derogar la LOMCE en la siguiente legislatura. El sectarismo ha sido la norma, que ha generado una gran incapacidad para negociar y pactar en esta y en otras materias. Incapacidad que, al ser sustituido el bipartidismo imperfecto por el actual modelo pluripartidista, ha derivado en ingobernabilidad. Parte de la LOMCE ha sido desactivada por la oposición en cuanto el PP ha gobernado en minoría. También el Constitucional falló dos veces en contra de algunas medidas de la ley que pretendían garantizar la escolarización en castellano en las comunidades con lengua propia. Y el actual gobierno socialista ha presentado sin encomendarse a nadie un documento titulado "Propuestas para la modificación de la Ley Orgánica de Educación", que junto a iniciativas que parecen fáciles de acordar, hay otras claramente polémicas que han desatado ya fuerte contestación.
Si lo que pretende el Gobierno es sacar adelante una probablemente efímera ley educativa sesgada hacia la izquierda, quizá lo consiga aunque sólo disponga de 84 diputados. Pero si pretende generar un consenso para intentar un pacto de Estado, no ha emprendido la marcha en la dirección más atinada.
