Va a ser muy difícil convencer a la opinión pública de que la Justicia, aterrada por las consecuencias imprevistas o mal calculadas de sus propias obras, no se ha retractado precipitadamente y sin modales de una decisión que lesionaba a los bancos de este país. La retractación ha beneficiado, obviamente, a las instancias financieras que, en el fragor de la reciente crisis, consumieron más de 50.000 millones de euros del dinero de todos para salir a flote, después de un naufragio colectivo en el que los ricos se han enriquecido todavía más y los pobres están todavía más hundidos en la miseria. Ni que decir tiene que el conductor de todo este "saneamiento" salvaje, que en realidad fue una carísima cirugía, ha sido premiado con un bien retribuido cargo de vicepresidente del Banco Central Europeo.
Lo sucedido en el Supremo es escandaloso y se puede recapitular así:
Como es bien conocido, se ha dictado la sentencia 1505/2018, del 16 de octubre pasado, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo que resuelve un recurso de casación. En ella, tras valorar que el único interesado en la elevación a escritura pública y la ulterior inscripción de una hipoteca es el prestamista (necesita tal inscripción para ejercitar la acción ejecutiva y disponer de garantías de desahucio en caso de impago), reinterpreta la ley vigente y dispone que quien debe abonar el impuesto de actos jurídicos es la entidad prestamista, no quien recibe el préstamo.
Pues bien: a la alta jerarquía del Tribunal Supremo no le ha gustado la sentencia, y el viernes pasado el presidente de la Sala Tercera, Luis María Diez-Picazo Giménez, publicaba una insólita "Nota Informativa" en la que se dice que "dado que la sentencia 1505/2018 de la Sección 2ª de la Sala Contencioso-Administrativo "supone un giro radical en el criterio jurisprudencial hasta ahora sentado" y a la vista de "su enorme repercusión económica y social", acuerda, con carácter urgente: "dejar sin efecto todos los señalamientos sobre recursos de casación pendientes con un objeto similar" y "avocar al Pleno de la Sala el conocimiento de alguno de dichos recursos pendientes, a fin de decidir si dicho giro jurisprudencial debe ser o no confirmado". ¿Cómo convencer al auditorio de que no ha sido la presión del sistema financiero, perfectamente lógica por otra parte, la que ha impulsado tan espectacular cambio de rumbo?
Pues bien: resulta que este mismo Tribunal Supremo es el que ahora tiene en su mano el conflicto catalán. Es el que, de momento, está sosteniendo la hipótesis de que los principales activistas del 'procés' han incurrido en un gravísimo delito de rebelión, y el mismo también que (en tanto los miembros de 'la Manada' condenados en primera instancia a graves penas por abusos sexuales están en libertad condicional) ha decidido que los acusados deben permanecer en prisión preventiva hasta que se celebre la vista.
Y si ya eran polémicas estas actitudes (muchos legos en derecho pensamos por simple aplicación del sentido común que no ha habido delito de rebelión y que, al tratarse de delitos que no generan ni repulsión ni alarma, no tiene sentido mantener a los inculpados en la cárcel mientras están a la espera de juicio), ahora la autoridad de quien ha tomado tan drásticas decisiones acaba de verse seriamente mermada. ¿Quién nos asegura que si la sentencia no es del agrado de todos, no saldrá el Supremo con otra "nota informativa" como la que ha firmado el seños Díez-Picazo para reconsiderar lo decidido hasta que la realidad y el deseo sean la misma cosa?
Tras todos los episodios de corrupción y las acumuladas demostraciones de mediocridad de la clase política de los últimos tiempos, el Poder Judicial refulgía meritoriamente como un faro (con las reservas que se quiera), garante de que el imperio de la ley fuese una realidad que afortunadamente prevalecía frente a las marrullerías de los demás poderes del Estado. Pues bien: el faro ha saltado hecho añicos en una prueba de inconsistencia política que ha quebrado la relación de confianza que la ciudadanía mantenía con sus tribunales.
