Antonio Papell, veterano columnista, con buena sintonía con las propuestas irradiadas desde La Moncloa por Sánchez, afirmaba en estas mismas páginas que la única hoja de ruta viable para superar el conflicto en Cataluña consistía en, primero, desinflamar, para restablecer la confianza, después, proponer fórmulas que desemboquen en reformas constitucionales y estatutarias que, finalmente, deberán ser votadas por la ciudadanía. Parte para esa conclusión del presupuesto de que la sociedad catalana, incluido el sector mayoritario que no es soberanista, está irritada con España. Y que si los catalanes no se sienten comprendidos, arropados y queridos, el soberanismo tendrá el camino expedito para estimular el resquemor y la desconfianza. Cuando uno no comparte presupuestos es difícil que pueda compartir conclusiones. ¿Certifica la manifestación del 8 de octubre de 2017 en Barcelona en defensa de la unidad de España que incluso el sector no soberanista también está irritado con España? Creo que no. Pensar que todo pasa por falta de comprensión, arropamiento y querencia del resto de España es tanto como suponer que los catalanes son menores de edad, adolescentes necesitados de mimos para poder encauzar sus vidas adultas. Les fueron transferidas por PSOE y PP, las competencias del Estado en Educación, Sanidad, Policía, la participación de impuestos como el IRPF y la transferencia de otros como Sucesiones, convirtiendo a España en el Estado más descentralizado del mundo. Se ataron las manos a los fiscales para obviar las responsabilidades por la quiebra de Banca Catalana y se salvó de la cárcel a Jordi Pujol, que no solamente no lo agradeció, sino que desde el balcón de la Generalitat, proclamó que a partir de aquel momento quienes hablarían de moral serían ellos. Y fue proclamado español del año por ABC y pudo dedicarse durante veinte años a la corrupción institucional protegido por el "cuerpo místico de la milenaria nación catalana".
No se trata de una comunidad maltratada. A no ser que definamos como maltrato el principio de que el que más tiene debe contribuir más que el que menos tiene. Pujol y el nacionalismo han sido desde siempre independentistas; con ese objetivo final han socavado la relación entre Cataluña y el resto de España. Otra cosa es que las caretas no se cayeran hasta que pensaron (Mas) que, tras las protestas por sus recortes en Sanidad y Educación y por la corrupción del gobierno catalán y de CiU, había llegado el momento de la huida hacia delante, de declarar la independencia si España no se avenía a establecer una relación bilateral, confederal con Cataluña, estableciendo un concierto como el vasco. Era un farol, según Clara Ponsatí, para surfear las consecuencias penales, a toro pasado; pero para otros, la mayoría de los soberanistas, era el paso del Mar Rojo que anunciaba Moisés Mas para llegar a la tierra prometida. Tanto si hacemos caso a Ponsatí como si no, los nacionalistas se han comportado como unos irresponsables aprendices de brujo que con tal de conseguir sus objetivos engañaban a sus seguidores: todo el mundo reconocería la república catalana, ninguna empresa se iría de Cataluña, al revés, se pegarían por entrar en ella, seguirían formando parte de la UE. Han sacado al genio de la botella, a ver quién es el guapo que lo encierra nuevamente. Invocando un inexistente derecho democrático a la autodeterminación, a la propia democracia, corrompiendo el lenguaje, y, por tanto, la verdad, han destruido la democracia en Cataluña.
No sé si se dan las condiciones para un nuevo 155. Según Papell, sería una desmesura que rompería todos los puentes, reduciría el conflicto a una cuestión de orden público de alcances imprevisibles, para concluir que no hay opción alternativa viable. Seguramente sería así si un 65 o un 70% de los catalanes comulgara con la independencia. No es el caso. Y ya es una cuestión de orden público, como atestigua el ataque contra el Parlament de hace dos semanas, espoleado por el propio presidente de la Generalitat.
Lo que creo improbable es que el 50% de la población catalana que quiere seguir en España, que se siente abandonada por el Estado español, se resigne sin más a que, no solamente se mantenga el statu quo de un gobierno que sólo ha representado los intereses de los independentistas, que les ha ninguneado, sino que se incremente ese statu quo con nuevas competencias en manos ahora del Estado. No creo que sea exagerado afirmar que si los nacionalistas han sido desleales con una Constitución aprobada en Cataluña con más votos que en cualquier otra región española y con un Estatuto de una autonomía con más competencias que en la inmensa mayoría de países descentralizados del mundo, sea de una ingenuidad, o incompetencia, propias del bailarín Iceta pensar que con más competencias pueda comprarse su lealtad; sólo se traslada el conflicto a un futuro no muy lejano.
Lo ha proclamado Torra: ya no estamos en el tiempo de los Estatutos, requerimos a Sánchez para que en diciembre presente su propuesta de referéndum de autodeterminación. Lo ha repetido Tardà de ERC: si no se requiere a la fiscalía para que retire los cargos de rebelión y sedición, no habrá voto favorable los presupuestos. La indignidad de un gobierno de España sostenido por golpistas lleva a sus miembros a pedir indultos para presos aún no juzgados. Ni escrúpulos, ni separación de poderes ni dignidad. Ni Borrell (información privilegiada de Abengoa) da la talla. Sólo les importa el poder. Al final, puede que ni el poder les quede.
