Han sido noticia durante el mes de agosto y lo que llevamos de setiembre los vertidos de aguas fecales al mar dejando contaminadas y con prohibición de bañarse las playas de Can Pere Antoni y la Ciudad Jardín. Como es habitual cuando se pone en evidencia el desastre sin paliativos ocurrido en un servicio competencia de una administración, en este caso de Emaya y del ayuntamiento de Palma, lo normal no es asumir las responsabilidades, como correspondería a los políticos involucrados, sino derivarlas a sus adversarios, de modo y manera que el asunto queda reflejado en los medios de comunicación en un totum revolutum de unos contra otros, donde si los unos son unos incapaces los otros lo son aún más. Es una derivada del reproche partitocrático del "y tú mas" con el que nos vienen toreando desde hace una infinidad de tiempo.
Si no recuerdo mal fue en torno al año 1980 cuando el primer ayuntamiento democrático aprobó el Plan de Saneamiento de la Bahía de Palma con un presupuesto de 300 millones de pesetas que se financiaron con una emisión de deuda que se cubrió con el acuerdo de diversas entidades bancarias. Para sufragar la devolución de la emisión, se implantó un canon de saneamiento que se incluyó en las tarifas del agua a percibir por Emaya. El Plan incluía desde mejora de las depuradoras existentes hasta colectores de recogida de fecales en canalizaciones que desembocaban en emisarios submarinos (en la zona conocida desde siempre como "Sa Merdera", hoy convertida en la playa de Can Pere Antoni), así como la construcción de estaciones impulsoras que dirigieran las fecales hacia las depuradoras existentes. Quedaba pendiente algún desdoblamiento de canalizaciones de fecales que también recogían las aguas pluviales en algún distrito de Palma, como el uno. Resulta claramente decepcionante que, casi cuarenta años después, los sucesivos ayuntamientos se hayan revelado incapaces de culminar el plan de saneamiento mientras que el ayuntamiento ha venido cobrando en las tarifas de agua una cuota variable de alcantarillado y el govern otra cuota variable de otro canon de saneamiento. En 2017, de una factura mensual de 63,29 ? se incluían 5,66 ? de cuota de alcantarillado y 14,00 ? de cuota de saneamiento; es decir, para mantener el alcantarillado (incluidas las amortizaciones) y sanear las aguas residuales, los palmesanos pagamos, casi desde la noche de los tiempos, el 31% de las facturas por suministro de agua. Y por lo que se ha visto estas semanas, con un resultado decepcionante.
En el momento de pedir responsabilidades hay que dirigir la mirada en primer lugar a la administración directamente responsable, el ayuntamiento de Palma, donde se han alternado los gobiernos del PP y los de coalición entre distintos partidos, PSOE, Més, IU, Podemos y UM. En el punto de mira el mandato de Aina Calvo en el que la empresa Emaya era un coto privado de UM, donde la noticia no eran los vertidos, sino la corrupción. El PP gobernó durante muchos años bajo el mandato de Fageda, Catalina Cirer y Mateu Isern. ¿Se escuchó a algún responsable municipal reclamar el indispensable desdoblamiento de canalizaciones que impidiera el vertido de fecales en caso de fuerte lluvia? ¿Se escuchó a algún responsable municipal reclamar a sus conmilitones en el gobierno de la comunidad, del PP, del PSOE o de Més, financiación para resolver de forma definitiva los vertidos, una vez que a finales de los ochenta, principios de los noventa, se creara la playa de Can Pere Antoni con aportaciones de arena?¿Se esforzó de verdad un gobierno de Balears, desde siempre dominado por una clase política procedente en su mayoría de la part forana, en atender las necesidades de la capital y de donde se recauda la gran parte de los impuestos?¿Se interesó ese gobierno por impulsar y auxiliar a una administración siempre mal financiada como el ayuntamiento de Palma, en resolver sus problemas medio ambientales? No. Desde el prehistórico Plan de Obras y Servicios de la antigua Diputación hasta los planes del Consell Insular de Mallorca, el principal núcleo de recaudación de impuestos, Palma, ha sido ignorada por las instituciones supramunicipales; para muestra baste recordar las inmensas dificultades para conseguir que el hospital de Son Llàtzer se radicara en Palma, o que se construyera una nueva residencia de ancianos en la misma. Las prioridades de una clase política mayoritariamente de la part forana eran otras.
Sí hay que resaltar por su estridencia la prepotencia demostrada por Més a través de sus responsables institucionales. Si un presidente del CIM como Ensenyat se permite acusar al GOB de "estar de vacaciones cuando gobierna el PP" (se es más exigente con los afines), no menos indignantes son las declaraciones de Neus Truyol diciendo que "comparte la indignación de los vecinos por los vertidos de aguas fecales". Los vertidos existían antes de que los ciudadanos expresaran su indignación y nunca se oyó la voz indignada de Truyol. La responsable, acostumbrada a hacer de su capa un sayo en recogida de residuos, causando una infinidad de problemas antes inexistentes a los vecinos, cree que colocando una bandera roja, al contrario que el PP, que ignoraba las banderas, salva su responsabilidad, y, no sólo incurre en el populismo exacerbado de su homólogo y candidato de Més en las próximas elecciones, sino que, además, presume de indignación; eso sí, en diferido.
