El conflicto catalán ha salido hace tiempo de los cauces de la racionalidad. Los sentimientos exacerbados del más rancio y conservador nacionalismo se han unido a la radicalidad de grupos antisistema que en realidad buscan experimentar fuera de los cánones políticos e ideológicos de la Unión Europea, y frente a estos actores desaforados es imposible una negociación cabal, basada en valores democráticos, en pactos trascendentes ya suscritos.
Las cosas están así de turbias, pero la respuesta del sistema a este reto no puede ofrecerse en los mismos términos a los que recurren los ultranacionalistas, los de la vehemencia testicular que no se aviene a razones: por fuerza, el Estado ha de descender a la serenidad del dialogo y del debate.
Así las cosas, y aunque estemos todos convencidos de antemano de que las ofertas que puede realizar el Estado no van a colmar jamás las aspiraciones desaforadas que ayer enunció Torra en su fanático discurso, los demócratas de este país no tenemos más remedio que abordar el asunto con las herramientas políticas de que disponemos. Y en este sentido, el análisis que ha desempolvado Pedro Sánchez es plenamente operativo: el conflicto, aunque complejo, tiene su origen directo en un contrasentido producido por el propio sistema constitucional: los catalanes están sometidos hoy a un Estatuto de Autonomía considerablemente diferente al que votaron en referéndum.
La historia es conocida y es la siguiente: el tripartito catalán (PSC, ERC, ICV) que se formó tras las elecciones autonómicas catalanas de 2003, a las que ya no se presentó Jordi Pujol, impulsó una reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que adoleció desde el primer momento (hay que recordarlo) de un defecto sectario: el Pacto del Tinell (14 de diciembre de 2003) que entronizó aquel gobierno y marcó la senda de la reforma estatutaria contenía una cláusula que prohibía cualquier aproximación al PP. En 2005, Maragall ya reconocía que aquella exclusión fue un error.
Pues bien: tras la victoria de Zapatero en las elecciones generales de 2004, las fuerzas catalanas, salvo el PP, comenzaron la elaboración del Estatuto, que fue sucesivamente aprobado después de arduas negociaciones por el Parlamento de Cataluña y por el Parlamento español. Y el 18 de junio de 2006 se celebró el preceptivo referéndum catalán de ratificación del texto estatutario por los ciudadanos de Cataluña. No hubo gran entusiasmo y la abstención ascendió al 50,59%.
Pero el 31 de julio de 2006, el PP (como otras seis instituciones, entre ellas el Defensor del Pueblo) presentó un recurso de inconstitucionalidad, en el que se recurrían 114 de los 223 artículos y 12 disposiciones del mismo, que después de una larga historia de abundantes presiones se resolvió mediante la sentencia 31/2010 en que el TC que declaró 14 artículos inconstitucionales e interpretó otros varios conforme a unas pautas determinadas. El TC enmendó la plana al pueblo de Cataluña, en virtud de un sistema jurídico-constitucional descabellado que hizo posible el referéndum antes de que el texto se sometiera a contraste de constitucionalidad.
Semejante "agravio" -es legítimo que lo interpreten así los nacionalistas- sólo se resuelve mediante una revisión del desmán. Los catalanes tienen que votar de nuevo un nuevo texto acordado entre ellos y con el Estado, sin descartar que para tal acuerdo haya que proceder primero a una reforma constitucional, recurriendo lógicamente a las propias previsiones de la Carta Magna que establecen los procedimientos. De hecho, muchos juristas piensan que Maragall se equivocó al presentar un proyecto de Estatuto muy ambicioso que, para ser legal, hubiera debido ir precedido de una reforma constitucional.
En otras palabras, hay que ofrecer a los catalanes una reforma estatutaria en el marco constitucional, que puedan ratificar en el seno del gran pacto fundacional. Y si el acuerdo requiere una reforma constitucional -por ejemplo, el acceso a un modelo federal a la alemana- entonces seríamos todos los españoles quienes ratificaríamos la reforma. El camino es complejo, pero si a ustedes se les ocurre otro mejor para resolver el conflicto, díganlo cuanto antes: el caso no puede esperar.
