Santiago Cantera, prior del Valle de los Caídos, es un fraile trabucaire, un redomado fascista, encargado de oficiar el funeral por la nonagenaria Carmencita, la hija del general Franco, que, blandiendo un acta notarial firmada por los siete nietos del dictador, se niega con contumacia a que el cadáver del golpista de 1936 sea sacado del Valle de los Caídos. Los nietos proclaman que el Gobierno, de exhumar a su abuelo, del que no quieren hacerse cargo, violará su sepultura, la profanará. Hasta el bisnieto de la saga Luis Alfonso de Borbón, también descendiente de Alfonso XIII, tenido por los cuatro papanatas monárquicos franceses por legítimo rey de la rama gala de los Borbones, de públicas querencias fascistas, se ha dejado ver por Cuelgamuros reivindicando la memoria del abuelo de su madre, María del Carmen Martínez Bordiu, la "nietísima", mujer aficionada a la exposición pública de su agitada vida y figura, lo que le ha reportado pingües beneficios, adicionales a los heredados del expolio, que ahora asegura que se irá de España, porque el país se ha puesto "insufrible".
A quién ha de extrañar que en Europa nos contemplen como algo exótico, esencialmente raro, muy raro, puesto que es poco probable, casi imposible, que en otro lugar que no sea España, exista una abominación como el Valle de los Caídos, que, además, es basílica de la Iglesia católica, donde recibe sepultura de honor un dictador, que tiene sobrados méritos para codearse sin desmerecer con los dos grandes asesinos de la historia europea del siglo XX: Hitler y Stalin. Cierto que ambos mataron más que Franco, básicamente porque éste no dispuso del material humano suficiente para igualar las cifras absolutas de sus dos colegas en el ominoso inventario de asesinos en serie. Intenciones nunca le faltaron.
Los siete nietos, siete desvergonzados carentes de ética, ayunos de estética, firman el acta notarial para incomodar hasta dónde sea posible. Cuentan con el incondicional respaldo del prior Cantera, al que se le ha negado la condición de abad; hasta para las tragaderas de la Iglesia, que son muchas, ese hombre excede lo aceptable, de los que en las Españas siguen creyendo que la de Franco fue la mejor de las posibles y de los que, como Pablo Casado y un sector apreciable del PP, se incomodan cuando se trata de revisar lo ocurrido a lo largo de la dictadura. Lo suyo es el acriticismo. Que no se hable del asunto, puesto que, sentencia Casado, no hay que perder ni un segundo en enterrar o exhumar a Franco. Tampoco en hacer lo que sí se supo resolver en Alemania: analizar su siniestro pasado, asumirlo y condenarlo.
Los Franco y el prior Cantera no podrán impedir que el cadáver del general sea exhumado, enviado, si la familia no quiere hacerse cargo del mismo, al osario público. A los nietos probablemente lo que les ocupa es buscar la manera de soslayar que el Pazo de Meirás y lo que en él se atesora, fruto, en buena medida, de la incansable rapiña de la abuela, de Carmen Polo Martínez Valdés, la estirada mujer del dictador, les sea demandado; que lo que fue de titularidad pública retorne a sus legítimos propietarios, incluido el pazo, robado a los gallegos para ser entregado al general, quien lo aceptó exhibiendo su reconocido cinismo: lo hacía por ser una donación de sus paisanos imposible de ser rechazada.
Demandar un cierto decoro, que España no siga siendo una grotesca anomalía, es remover el pasado con el que no hay que perder el tiempo, sostiene Casado, la joya que mañana puede presidir el PP.
