El soberanismo ha recibido garantías de que podrá hablar de cualquier cosa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (fuentes de Moncloa han advertido prudentemente de que esta disposición no significa cesión alguna en lo ideológico, ni que Sánchez esté dispuesto a traspasar ni un milímetro la línea de la legalidad constitucional). Y ello ha llenado de euforia a Torra, el emisario de Puigdemont, un tipo poco recomendable que todavía piensa que la etnia está estrechamente relacionada con las virtudes morales.
Este gobierno tiene, ciertamente, espíritu abierto y dialogante, pero esta disposición democrática no debería llevar a engaño: el esmero con que las instituciones del Estado controlarán la aplicación del principio de legalidad en Cataluña no variará ni un ápice. Por lo que la buena disposición de Madrid durará lo que dure el respeto a la ley de los titulares de la Generalitat. De ahí que haya producido grave preocupación la aprobación este jueves de una moción de JpC, ERC y la CUP que recupera la Resolución 1/XI, del 9 de noviembre, de 2015 con la que el secesionismo institucional dio por iniciado "el proceso de creación de un Estado catalán independiente en forma de república" y anunció que se desvinculaba de todas las decisiones que adoptasen, a partir de entonces, el Tribunal Constitucional y el resto de las instituciones nacionales.
Así no vamos a ninguna parte. Porque si este ha de ser el camino, la respuesta no será ni mucho menos amable. El Constitucional mantiene sus prerrogativas y el artículo 155 de la Costitución es el freno contra los desmanes que se hallan implícitos en esta desafortunada moción.
