El Gobierno socialista de Pedro Sánchez ha efectuado ya expresivos gestos que ponen de manifiesto voluntad de diálogo con el separatismo catalán con el objetivo de amortiguar el conflicto de tratar de encontrar una salida estabilizada y duradera. No debe olvidarse que el PSOE, un partido constitucionalista donde los haya, secundó incondicionalmente al gobierno del PP en la aplicación del artículo 155 para intervenir la Generalitat, después de que el Ejecutivo catalán vulnerase reiteradamente el ordenamiento jurídico con decisiones inasumibles en un estado de derecho.
El que el PP y el PSOE respalden incondicionalmente el sistema constitucional vigente no significa sin embargo que sus políticas territoriales sean idénticas, por lo que la alternancia que ha tenido lugar abre, como es lógico, nuevas expectativas. Portavoces del nuevo gobierno han declarado la voluntad de dialogar y negociar, el Ejecutivo ha levantado las restricciones económicas, el PSC ha sugerido la posibilidad del acercamiento a Cataluña de los presos catalanes cuando concluya el periodo de instrucción de la causa€ Son señales bien explícitas que indican que habrá receptividad si en la otra parte se produce un intento de regresar al terreno de juego democrático.
De lado catalán, se ha expresado también tímidamente cierta voluntad de diálogo. Pero con algunos matices inquietantes. Torra se ha negado a aceptar condiciones previas. Y la consejera de Presidencia y portavoz Elsa Artadi, brazo derecho de Puigdemont, exige que el diálogo sea "sin condiciones ni límites"€ casi al mismo tiempo que manifestaba en unas extemporáneas declaraciones que "es impensable que el jefe del Estado sea recibido con normalidad en Cataluña"€ De hecho, Torra parce empeñado en involucrar al jefe de Estado en el dislate rupturista.
En estas circunstancias, es razonable mostrar cierta confianza en que el buen sentido de las partes terminará promoviendo un diálogo fecundo que contribuirá a resolver el contencioso, el principal problema que tiene hoy España, evitando que desemboque en una "confrontación civil" (Borrell), no descartable por el momento. Pero conviene significar cuanto antes que el Gobierno del Estado no puede ni quiere emprender una negociación sin límites: todo el proceso político, y también las relaciones entre Barcelona y Madrid, ha de caber en el marco constitucional, y pretender otra cosa es intensificar el conflicto, volverlo irresoluble y avanzar hacia el caos.
No hay, en definitiva, diálogo posible que lleve al Estado español y a quienes lo gestionan legítimamente a reconocer el derecho de autodeterminación de Cataluña, y mucho menos aún a aceptar que una minoría de electores imponga la secesión. Si esto no se interioriza y se acepta de partida, carece de sentido iniciar un diálogo sin expectativas.
De donde se desprende asimismo que la pretensión de Artadi no es atendible en los términos en que ha sido enunciada. A menos, claro está, que tras el "programa máximo" se oculte la disposición a aceptar un "programa posibilista", que podrá exprimir hasta el máximo las potencialidades de la Constitución, pero que no podrá ir ni un milímetro más allí de sus límites.
Por decirlo más claro, este gobierno (o cualquier otro constitucional) podrá explorar sin problemas los desarrollos constitucionales sobre el modelo de organización territorial que la Carta Magna describe con una flexibilidad admirable, de forma que no sería difícil encajar en ella un modelo federal, e incluso con peculiaridades confederales en ciertos aspectos, pero si ese sector agrupado en torno a Puigdemont y la CUP (por otros motivos no estrictamente nacionalistas) que insiste en la proclamación de la República y en la voladura de la Constitución española no se resigna a desenvolverse en el territorio de lo posible, más valdrá que sepa desde hoy mismo que por ese camino no hay progresión posible. Y si así fuera, y convendría aclararlo antes de que se produzca el planeado encuentro entre Torra y Sánchez, ni siquiera tendría sentido tal reunión, que apenas permitiría constatar que quienes intentaron dar un golpe de Estado contra la Carta Magna no se han apeado de sus posiciones ni han entendido del todo la pétrea imposibilidad de lo que pretenden.
