El ya célebre chalé de Pablo Iglesias y su pareja Irene Montero ofrece políticamente poco recorrido: existe sencillamente una clara incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace, por lo que la mansión constituye una incongruencia y una bofetada a sus seguidores que han creído en las consignas del fundador de su formación política. Los populistas de 'Podemos' aterrizaron en efecto en el escenario de este país tras el 15M de 2011 con la pretensión un tanto ingenua de parecerse todo lo posible al 'pueblo', concepto vaporoso donde los haya, y ello incluía limitar drásticamente su salario (renunciando a aquellos ingresos que sobrepasaran determinado límite de modestia), diferenciarse de la "casta", vivir con austeridad ejemplar, vestir con ropa barata de supermercado para mostrar un atuendo claramente diferenciado del traje y corbata que caracterizaba a la mayor parte de la clase política, en este país y en los del entorno. Paradigma de semejante actitud y de su correlación estética fue el ya célebre tuit que Iglesias dedicó a De Guindos cuando el ministro anunció que se compraba un ático de 600.000 euros tras vender su casa anterior „"¿Entregarías la política económica del país a quien se gasta 600.000? en un ático de lujo?"„. El escándalo se ha agravado al conocerse que Iglesias ha conseguido de la Caja de Ingenieros un trato preferente? que no se puede disociar de que dicha institución financiera gestione buena parte de los caudales que maneja Podemos. Beneficio privado para un noble designio público.
La incoherencia afecta gravemente al crédito de la cúpula de Podemos, organización en que una parte de sus cuadros han puesto también el grito en el cielo. Y el pintoresco y surrealista referéndum que Iglesias ha convocado entre los inscritos para que decidan sobre si el chalé es o no apropiado es un dislate impropio de un partido solvente. Pero lo ocurrido debería servir para reflexionar mínimamente sobre las retribuciones y el statu quo de los políticos, que tan mala fama han acabado teniendo después de los reiterados episodios de corrupción.
Los políticos profesionales del primer escalón, estatal, y del segundo, autonómico, así como una parte de los que ostentan el poder municipal (de localidades grandes, que han de dedicarse en exclusiva al cargo) deberían formar parte de la clase media acomodada, al menos al mismo nivel que los profesionales liberales o los empresarios de mediano tamaño. En un país capitalista que no cuestiona el modelo, como el nuestro, hay que lograr que todo el mundo tenga el mínimo de subsistencia que le permita vivir dignamente, pero hecha esta salvedad es evidente que ha de existir una escala social y que la política puede servir a muchos para ascender en ella legítimamente.
En consecuencia, que los líderes de los principales partidos estatales perciban un sueldo homologable a los de sus pares en el sector privado y tengan una vivienda unifamiliar en una urbanización del extrarradio ha de verse con absoluta normalidad. Lo inquietante es que muchos profesionales liberales, catedráticos, etc. tengan que renunciar a un rol político porque no quieren que su familia haya de descender radicalmente de status ni arriesgarse a aceptar un trabajo temporal a cuyo término no tendrían asegurado un destino satisfactorio. Se ha hecho mucha demagogia sobre estos asuntos, y es sencillamente ridículo que el presidente del Gobierno español gane 80.000 euros brutos anuales.
La situación ha de remediarse, pero mientras los demagogos lo impidan con su discurso falso y populista, la sedicente progresía podemita habrá de privarse de los pequeños lujos de que disfruta la burguesía. En definitiva, quien piense que un político no debe ganar más de tres veces el salario mínimo está en su perfecto derecho de defender tal tesis, pero no se puede comprar, por dignidad, un chalé de más de cien millones de las antiguas pesetas. Porque es una inmoralidad y también, y sobre todo, por que hace un estrepitoso ridículo.
