De abril fue la resolución del Tribunal de Schleswig-Holstein por la que se acordó denegar la euroorden de detención de Carles Puigdemont. Y de ahora es la decisión del juzgado de Bruselas en los casos de los exconsejeros T. Comín, M. Serret y Ll. Puig.
El varapalo a la Judicatura y Fiscalía españolas es de todo punto lamentable. Procede analizar con seriedad si no hay más causa de estas resoluciones que la pretendida falta de colaboración de los tribunales alemanes y belgas.
En contra de muy destacadas opiniones académicas, el auto de procesamiento del juez Llanera se fundamentó en el tipo penal de la rebelión en detrimento del de sedición. El Tribunal de Schleswig-Holstein discernió sobre la ausencia de los requisitos de violencia y alzamiento públicos para argumentar que no se adecuaba a ninguno de los delitos regulados en el código penal alemán. Aquella decisión generó la más severa crítica del Tribunal Supremo español al entender que, cursada la orden europea de detención, la función del tribunal alemán debe constreñirse a la "congruencia normativa", es decir a determinar si los tipos penales españoles se adecuan a los alemanes sin entrar en la valoración de los hechos enjuiciados.
Aún peor suerte ha sufrido la euroorden en Bélgica. En una resolución del pasado martes, el juzgado de Bruselas ha determinado su rechazo por estar mal instruida y presentar defectos de forma. La Fiscalía belga advirtió que no se habría acreditado la previa tramitación de una orden nacional por los mismos hechos y acusaciones. Lo más grave es que esta resolución constituye un precedente para futuras decisiones de los tribunales alemanes y británicos.
No cabe imputar estas decisiones tan solo al tan denostado "nacionalismo judicial" de las judicaturas alemana y belga, a su pretendida falta de compromiso con el proyecto de la unidad judicial europea. La realidad es otra. Las autoridades españolas están dando una imagen de penosa incoherencia, de lamentable improvisación, de deplorable descoordinación. Mientras tanto los abogados Jaume Alonso Cuevillas y Paul Bekaert no se recatan en fotografiarse brindando con cerveza junto a sus defendidos.
En un alarde de inoportunidad que solo sirve para desacreditar las demandas del juez Llarena y el Tribunal Supremo ante los tribunales europeos, Pedro Sánchez, en Los desayunos de TVE, anunció una proposición de ley para modificar el delito de rebelión en el Código Penal porque actualmente "está vinculado a golpes militares".
Todos los abogados saben de la dificultad de tramitar euroórdenes de detención ante los tribunales alemanes, belgas y británicos. No es por casualidad que los encausados eligieron sus nuevos lugares de residencia. Ahora bien, es ahí cuando debería haberse instrumentado una previa estrategia de la Judicatura y la Fiscalía españolas. Con rigor y sin improvisaciones.
Después de la resolución del Tribunal de Schleswig-Holstein, el 12 de abril último, los fiscales españoles se reunieron con los alemanes en La Haya para aportarles los argumentos que deberían servir a éstos para convencer a los jueces alemanes para resolver en favor de la euroorden.
Todo rezuma desorden y descoordinación. No era después sino antes que el fiscal general del Estado debería haber propiciado las oportunas reuniones con los fiscales alemanes y belga. No es de recibo que la euroorden a los tribunales belgas no responda a una previa orden nacional bien tramitada. La judicatura y la Fiscalía españolas disponen de importantes recursos para acceder a sus homólogos europeos pero con un plan y una estrategia bien diseñados. El Tribunal Supremo está obligado a instar sus demandas habiendo tomado todas la precauciones razonables para que no puedan ser ignoradas por pequeños juzgados regionales.
