El Ciadi, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial, ha dado la razón al grupo energético Masdar, propiedad del fondo soberano de Abu Dabi, por la reducción de la retribución de su negocio termosolar en España. Masdar reclamaba una indemnización de 260 millones de euros, que ha quedado reducida a 64,5 millones de euros, cantidad a la que habrá que añadir las costas del proceso. El Estado español acumula ya tres laudos negativos en las decenas de arbitrajes internacionales abiertos. Diversos fondos de inversión y grupos internacionales reclaman en el Ciadi y en la Cámara de Comercio de Estocolmo, entre otras instancias, indemnizaciones que suman en total más de 7.500 millones de euros para compensar el impacto en sus inversiones del recorte del Ejecutivo a las energías verdes.
Nuestro país se ha puesto en evidencia y ha violentado la seguridad jurídica de los inversores al ofrecer unas determinadas condiciones para quienes invirtieran en energías renovables y recortar luego drásticamente las subvenciones prometidas. Esta falta de seriedad en los contratos nos sitúa en una posición tercermundista en la comunidad internacional. Y ello es así aunque el Gobierno, animado por la abogacía del Estado, alardee de que aunque fuera condenado a pagar todo lo reclamado, seguiría ahorrando dinero a las arcas públicas. El prestigio internacional, arrasado, también tiene un precio, que se ha dilapidado por completo.
