España mantiene en solitario una campaña contra la independencia de Kosovo, lo que la lleva a ausentarse de aquellos encuentros en que aparece el pequeño país, cuya independencia ha sido ya convalidada por otros 116 y por el tribunal de La Haya, al mismo tiempo que Madrid sostiene paradójicamente, y con toda la razón, que la emancipación kosovar no es un precedente de nada ya que fue consecuencia del estallido de la antigua Yugoslavia, un ente artificial que no soportó unido la desaparición del yugo soviético.
En cambio, sorprende que el Gobierno español no haga campaña en favor del respaldo jurídico y político a la integridad territorial de la Unión Europea, cuya defensa va estrechamente vinculada a la libertad de circulación. Sería inicuo confirmar que los sediciosos españoles que intentaron dar un golpe de Estado en nuestro país para desgajar un territorio ilegalmente encuentran cobijo y acomodo en los demás países del club comunitario.
Algún simplón en el poder afirma que hay que respetar también en esto la opinión de los tribunales. La extradición no es un asunto exclusivamente jurídico, como todo el mundo sabe, y aunque el Tribunal Supremo español deberá explicar esos presuntos errores que son argüidos por la justicia belga como pretexto para no mojarse las manos, lo que se echa en falta es que Rajoy lea públicamente la cartilla a la señora Merkel y le avise de que si Puigdemont no es devuelto a España, nuestro país saldrá de Schengen.