La investidura del nuevo presidente de la Generalitat (presidente para el interior, supeditado políticamente al verdadero president, Carles Puigdemont) ha sido sobrecogedora. Si alguno pensaba que lo sucedido desde el 1-O había abierto las mentes de los nacionalistas catalanes de derechas, de izquierdas y antisistema, ha tenido ocasión de comprobar lo contrario: el personaje elegido es, a la vista de sus escritos y expansiones en las redes sociales, un verdadero radical xenófobo que encaja nada metafóricamente en el concepto de fascismo. Y, como ha quedado claro en sus discursos, se dispone a retomar el 'procés', a revertir los efectos de la intervención estatal „nombrará incluso un comisionado específicamente dedicado a ello„, a recuperar las normas anuladas por el Tribunal Constitucional, a abrir un proceso constituyente, a reabrir las 'embajadas' e intensificar la campaña internacional de denigración del Estado español y a llevar hasta las últimas consecuencias, incluida la independencia, el concepto de República Catalana.
Quim Torra se ha reconocido además presidente 'provisional', ya que su permanencia se ajusta a la estrategia de la cúpula soberanista, que no es otra que disolver el Parlament y convocar elecciones poco después de que se dicten las sentencias judiciales de la causa abierta con los independentistas que intentaron quebrar la legalidad, de forma que el juicio en el Supremo sea la antesala del "juicio popular" en las urnas. Conviene subrayar que el fascismo es una ideología populista que propugna el acatamiento del control parlamentario pero no acepta el imperio de la ley democrática.
El Estado, con sus representantes genuinos al frebte, no tiene más remedio que levantar ahora la intervención realizada mediante el artículo 155 C.E. con la aquiescencia preceptiva del Senado ya que la resolución de la Cámara Alta del 27 de octubre dispone que sus efectos cesen en cuanto se haya formado otro gobierno en Cataluña. Además, no caben en Derecho medidas preventivas contra el anuncio del proyecto que se piensa emprender sino que será preciso aguardar a que las previsiones se conviertan en infracciones. Ayer, Rajoy y el líder de la oposición, el socialista Pedro Sánchez, ya se reunieron para reforzar su acuerdo político en defensa del orden constitucional frente "al discurso xenófobo y frentista" de Torra y hoy el presidente del Gobierno hará lo propio con el líder de Ciudadanos.
Y en esta ocasión, la intervención en nombre del Estado, si se produce, ha de tender abiertamente a recuperar la iniciativa. No es posible mantener una situación en que la exigua mayoría soberanista imponga otra vez ritmos y calendarios. Lo que ha de hacerse es plantear una intervención indefinida „una suspensión de la autonomía de hecho„, y la apertura de un proceso negociador que sólo cesará cuando se haya logrado un acuerdo suficientemente amplio en el marco constitucional.
Es notorio que sectores relevantes del nacionalismo están hoy en desacuerdo con la vía emprendida, de violencia jurídica y ruptura de la legalidad, que no conduce a parte alguna, pero no se atreven a manifestar su disconformidad por la exorbitante presión patriótica que padecen a cargo de los sectores fanatizados, de los que Torra es exponente. Es difícil plantear propuestas de racionalidad frente a la épica exaltada que hoy predomina en Cataluña y que califica de traidores y de "botiflers" a quienes invoquen el retorno a la lealtad democrática, al ámbito europeo de convicciones y creencias, del que evidentemente han salido los partidarios de la brutalidad, los que practican una xenofobia incompatible con la idea primigenia del catalanismo político, los que resucitan inaceptables tópicos raciales y acaban ejerciendo un supremacismo inaceptable.
Y una última cuestión vinculada a lo anterior: ya es hora de que Rajoy se plante ante Berlín y la propia UE, exigiendo el cumplimiento de los acuerdos comunitarios sobre la euroorden y amenazando claramente con dinamitar Schengen si el asunto no se resuelve en horas. La tibieza de Europa frente a este rebrote neonazi tiene que ser denunciada con suficiente energía y cuanto antes.
