ERC prepara ya su próximo congreso de junio, y la ponencia política, dada a conocer el día 4, renuncia claramente a la unilateralidad. Los republicanos se reúnen para prepararse para el "próximo embate con el Estado". El documento no concreta semejante designio pero reconoce los errores cometidos y manifiesta que no desea repetir la experiencia reciente. Sí alerta de que no se debe volver a confundir la mayoría parlamentaria con la social y de que ni siquiera un 50% de independentismo es suficiente para conseguir la secesión de manera pacífica. "Con la voluntad no hay suficiente", reconoce. Y, a continuación, recoge el plan para el futuro: primero, recuperar el poder para "fortalecer los espacios de soberanía", entre los que cita la televisión pública, la escuela y la acción exterior. Es decir, pretende utilizar el Govern para "hacer república", para extender un relato, como en su día hizo Jordi Pujol, que amplió de facto el autogobierno "fent país". Por último, el documento concluye en que la independencia sólo llegará mediante un referéndum legal -aunque no lo diga con tanta claridad- y éste sólo será posible si se cuenta con "fuerzas democráticas del resto del Estado español críticas con el régimen del 78 y sectores europeos sensibles a la democracia y los derechos humanos". ERC propone acuerdos con los comunes y con Podemos y concluye taxativamente manifestando que "es necesario comenzar a entender que el proceso hacia la República catalana será claramente multilateral, desde el punto de vista social, económico, político e institucional"; en consecuencia, "es necesario ir más allá del debate, binario, estéril y contraproducente, de la unilateralidad versus bilateralidad".
En otros términos, ERC, casi desde el día siguiente de la no proclamación de la República, ha comprendido que la vía de ruptura de la legalidad, emprendida con la esperanza de que el Estado abdicará de sus obligaciones y mirará hacia otro lado, ha fracasado estrepitosamente y está totalmente boqueada de cara al futuro. El independentismo debe, por tanto, explorar otras vías, moverse por cauces democráticos y parlamentarios que lo reconcilien con una Europa airada por la intentona inaceptable y tratar de acumular fuerzas para conseguir una mayoría social. Porque esa mayoría no existe actualmente, como es bien fácil de comprobar no sólo a través del voto sino mediante otras herramientas sociológicas de análisis: el sentimiento de pertenencia e identidad, analizado estadísticamente, revela la existencia de una sólida ligazón entre el pueblo de Cataluña y España, que no podría romperse sin violencia.
Esta toma de posición de ERC ha producido un virulento enfrentamiento de los republicanos con la CUP. Pero, además, sucede que el PDeCAT y, sobre todo, JxCat (que incluye al club de fans de Puigdemont) no están dispuestos a bajarse de la épica revolucionaria. Puigdemont, un hombre de escasos mimbres intelectuales, está encantado de haberse conocido, y se mantiene orgulloso y hierático subido al histriónico pedestal de su revolución de juguete. Mientras Oriol Junqueras está en prisión de hace meses, sin voz y sin proyección alguna. Y con la particularidad de que el líder de ERC podría ser tildado de derrotista y hasta de traidor (botifler) si diera alguna muestra explícita de desánimo. Puigdemont ya experimentó en carne propia la respuesta brutal de los radicales cuando, al borde del abismo de la declaración de independencia, dudó un momento y estuvo a punto de convocar elecciones.
Algunos periodistas catalanes -L ola García, de La Vanguardia- apuntan la posibilidad de que Puigdemont acepte ahora la investidura de un presidente de la Generalitat dócil y servicial, que disuelva la cámara catalana justo después de que los tribunales condenen en octubre a los sediciosos: tras el juicio del Estado, el 'juicio del pueblo' marcaría el momento del amotinamiento general... que haría imposible un desenlace político del conflicto y relegaría a los encarcelados a una larga condena. La estrategia es maquiavélica, y el Estado debe estar prevenido y a punto para impedirla. En otras palabras, convendría hacer algo de política y quizá modular la aplicación futura del artículo 155 para evitar el cuanto peor, mejor que prodigan Puigdemont y su séquito de iluminados.
