Al PP le aguarda un amargo final de legislatura, que podría ser presagio de una hecatombe para el partido si no actúa con imaginación y reflejos. De entrada, la comisión que investiga la financiación irregular del PP en el Congreso ha sido prorrogada hasta el 12 de octubre, pero como se han aprobado ya 130 comparecencias, el asunto golpeará pertinazmente al partido del gobierno hasta al menos el año que vine. El desgaste para el Ejecutivo por el martilleo constante a costa de sus corruptelas será importante, pero también para la institución parlamentaria porque se está produciendo la paradoja de que la cámara baja está colapsada? aunque la parálisis legislativa es total. Los ciudadanos empiezan a percatarse, con irritación, de que este modelo cuatripartito, muy ruidoso, es de una ineficacia absoluta, toda vez que apenas sirve para que las lanzas y las espadas crucen el escenario de manera constante, sin que avance la representación ni siquiera para resolver las necesidades más obvias.
Este fenómeno reducirá probablemente la clientela del PP (minorará su techo), y no necesariamente beneficiará al PSOE, el otro "viejo partido" con el que los populares han compartido modelo y sistema durante cuarenta años. La corrupción ha expulsado a las clientelas anteriores del PP y del PSOE hacia la periferia del espectro, hacia las nuevas organizaciones. Y, dada la impericia con que se desenvuelve Podemos, parece evidente que es Ciudadanos la formación que se beneficia más directamente de esta rendición de cuentas por tantos errores antiguos.
Pero a este infortunio vinculado a la corrupción se está sumando otros elementos estructurales de mayor calado. La polémica sobre las pensiones, que podría dañar el único vivero de votos que todavía alimenta masivamente al PP y al PSOE: los pensionistas, con especial perjuicio, en este caso, para los conservadores. Como es sabido, tras la reforma popular del sistema, las pensiones españolas han subido durante cinco años consecutivos el 0,25%. La pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas ha sido casi nula por la bajísima inflación de esos años, pero es el fuero en este caso lo importante: se ha eliminado la indexación de las pensiones con el IPC que existía hasta la ley 27/11de Zapatero, fruto de la crisis. Según la Airef, el poder adquisitivo caerá un 7% entre 2013 y 2022. Y para que tal pérdida no se produjera -añade la Autoridad Fiscal- sería necesario que le Estado realizase una aportación anual equivalente al 1,5% de PIB para equilibrar la Seguridad Social, al menos durante la próxima década.
Los pensionistas, conscientes de la situación y temerosos de que su estatus decaiga, han empezado a protestar y a organizarse. El 22 de febrero hubo grandes manifestaciones y acaba de crearse la Asociación de Jubilados Españoles (AJE), que se ha inscrito en el registro nacional de asociaciones del ministerio del Interior y que podría constituirse como partido. Y el PSOE se ha dado por aludido y ha optado por registrar en el Congreso una proposición de ley para que las pensiones suban en 2018 lo mismo que el Índice de Precios al Consumo (IPC), un 1,6%, y espera que "la derecha bicéfala" no bloquee esta propuesta, como ya hizo en 2016. Ciudadanos ya se ha desmarcado del PP y este partido ha hecho un guiño poco verosímil por medio de Montoro: habrá ventajas fiscales para los pensionistas de mayor edad: no parce suficiente.
El PP está entre la espada y la pared: el cumplimiento del déficit pactado con Bruselas le impide sumarse a esta iniciativa a menos que suba impuestos, una decisión que sería también letal con vistas a futuras confrontaciones electorales. El intento de Rajoy de que cese la polémica y el debate se encauce a través del Pacto de Toledo es inútil porque la discusión está en la calle y los pensionistas aprovecharán el descontento de la opinión pública para consolidar sus exigencias. En estas circunstancias, es previsible una pugna entre partidos para no defraudar a un colectivo que dispone de 8,7 millones de votos. Y que hace muy bien exigiendo al establishment que respete su compromiso de mantener unas pensiones dignas.
