Las consecuencias del procés catalán emprendido por el nacionalismo, la ruptura unilateral, su posterior aborto, el recurso al artículo 155 y la apertura de un procedimiento para depurar las responsabilidades derivadas del golpe de Estado fallido están bien a la vista: además de haber abandonado Cataluña cerca de tres millares de grandes empresas, entre ellas prácticamente todas las del IBEX y todos los grandes bancos, el crecimiento económico se ha desplomado en la comunidad autónoma, el turismo ha caído en picado y está teniendo lugar un más o menos solapado boicot a los productos catalanes en su principal mercado, que es del resto del Estado español.
Esta decadencia de Cataluña, sencillamente catastrófica y que puede afectar sensiblemente al nivel de vida de los catalanes a corto y medio plazo -de hecho, ya se notan sus efectos sobre el empleo-, complace secretamente a muchos, que detestan el nacionalismo y sus expansiones y consideran que el golpe a la economía del Principado es una especie de justo castigo de la justicia divina a tanta perversión. Pero quienes así piensan no ven seguramente que el daño que se causan a sí mismos los catalanes lo terminará pagando el Estado español.
Cataluña ha sido, es todavía, locomotora del progreso español, motor de la economía, adelantada de la innovación y de la modernización. Si Cataluña se gripa, todo el conjunto de los españoles pagará la factura. La catástrofe catalana se extenderá a todo el país. Con esta perspectiva, quizá vuelvan a primar las tesis conciliadoras frente a aquellas que erigen muros y marcan distancias.