21 de noviembre de 2017
21.11.2017
Tribuna

El colmo belga

20.11.2017 | 20:24
El colmo belga

La polvareda que ha levantado el cuestionario que la fiscalía belga ha enviado a la Audiencia Nacional sobre las cárceles españolas, me ha llevado a preguntar sobre las prisiones belgas a un valón culto y sagaz. Su respuesta no ha sido complaciente: "Bélgica ha sido condenada varías veces por el estado indigno y deplorable de sus cárceles, caracterizadas por superpoblación, promiscuidad, violaciones, salubridad..."

A quienes conocen los intríngulis penitenciarios les ha ofendido el interrogatorio, que llega tras la petición cursada por la juez que tramita la extradición, solicitando el envío a España de los cinco políticos catalanes huidos a Bruselas.

Quizás nadie se ha tomado la molestia de explicarles que, en este procedimiento en que el Estado español no es parte, la defensa de sus intereses está en manos de los fiscales belgas ( procureurs du Roi) y si han formulado estas cuestiones es, precisamente, para contar con informaciones que sirvan de réplica a las posibles críticas que pudieran plantear las defensas, opuestas a la devolución. Curarse en salud, en román paladino.

Antes de la celebración de la vista relacionada con la devolución, el fiscal encargado de recabar datos para la tramitación de la euroorden de detención y entrega, ha inquirido sobre el tamaño de la celda, si la comida que se les ofrecerá en prisión será "suficiente" y "de calidad", si el preso comparte la celda con otra persona o disfruta de una individual o si hay acceso -suficiente y regular- a espacios sanitarios y duchas. 


¿Pero qué idea tienen de España, un país que tiene 46,6 millones de habitantes y que va a recibir este año 80 millones de turistas, los defensores de los nacionalistas? ¿Cómo se puede poner en cuestión a prisiones como el Centro Penitenciario Madrid VII, a 67 kilómetros de la capital, donde los penados disponen de consulta bucodental, equipos de telemedicina, gimnasio, polideportivo, piscina (no se usa desde hace años), biblioteca, aulas, salas audiovisuales y un salón de actos?

Con esto, no sorprende la exclamación de los que habitan las redes sociales: "No es de extrañar que todos los delincuentes quieran venir a España".

Sin comerlo ni beberlo, Bélgica se ha convertido en protagonista del conflicto -político y judicial- que opone a España con un país socio de la Unión Europea, como consecuencia de la decisión del expresidente de la Generalitat de haber elegido Bruselas como puerto de atraque tras su fuga, una vez destituido de su cargo, coincidiendo con la aplicación el artículo 155 de la Constitución.

Se supone que urgido por sus socios flamencos, el primer ministro belga, Charles Michel, fue el primer líder europeo que llamó a detener la "violencia" durante la jornada del 1 de octubre, reclamando respeto del orden nacional e internacional y, si fracasaba el diálogo en España entre las partes, apelando a una mediación internacional. Se equivocó la Paloma, se equivocaba...

Acostumbrados como están los políticos belgas a este continuum de porfía, entre flamencos y valones, para formar coaliciones que resuelvan las frecuentes crisis de gobierno, el premier liberal y francófono (que representa un tercio del ejecutivo), se esfuerza por no agravar las dificultades con sus socios de gobierno (los dos tercios restantes, en manos de partidos flamencos) y, de paso, con el ejecutivo español.

Todos ellos, Macron, Merkel, May, Gentiloni?no dudaron en apoyar las decisiones adoptadas por el gobierno español, tras la celebración de un referéndum ilegal, una declaración de independencia y el arranque del corto proceso que conducía a la república catalana. Sorprendió, pues, la incursión belga puesto que en ningún país de la UE había cuestionado el apoyo a España, victima de un golpe de Estado, de libro, por parte del nacionalismo independentista catalán.

El alcalde de Amberes y líder de la Nueva Alianza Flamenca (NV-A), Bart de Weber, un nacionalista de armas tomar, que recuerda a un joven Xabier Arzallus, ha comparado el encarcelamiento de miembros del gobierno catalán, la convocatoria de elecciones autonómicas y la aplicación del 155, con el "Saqueo de Amberes", en el siglo XVII, también conocido como la "Furia española".

En aquel momento, hace 441 años, Flandes y los Países Bajos; que formaban parte de la corona española, luchaban por su independencia. La batalla que siguió a la insurrección y que supuso 10.000 muertos, provocó que las provincias que todavía se mantenían fieles a Felipe II también se sublevaran. No creo que esto es lo que le gustaría al líder del nacionalismo flamenco que pasase.

El ministro del Interior belga, Jan Jambon, de la misma cepa política que su jefe de filas, es un personaje que, con su incontinencia verbal, ha subido la puja, pidiendo a la comunidad internacional que se vigile a España porque "pegar a personas pacíficas y encarcelar a miembros de un gobierno es ir demasiado lejos". Como remate, un ex primer ministro, Elio di Rupo, se ha sumado al combo, acusando a quien fue su colega de pupitre en las cumbres europeas de actuar como un "franquista autoritario".

Previamente, Theo Francken, secretario de Estado de Asilo e Inmigración del gobierno belga había ofrecido (quizás sin encomendarse a nadie) el asilo político a Puigdemont, lo que le habría animado a elegir Bélgica como tierra de asilo.

Más sensato fue lo que dijo  Kris Peeters, vice primer ministro y ministro de Economía del cuatripartito "sin querer prejuzgar nada, cuando pedimos la independencia, es mejor permanecer cerca de su gente". O la templanza del líder valón, Didier Reynders, que ha mantenido una relación fluida con el gobierno de Madrid.

Habrá que ver cómo se sustancia la devolución a España de los cinco reclamados por la juez de la Audiencia Nacional, dado que la defensa de los cinco "exiliados" va a jugar a fondo la manida carta del "juicio político". Para la decena de abogados defensores de los políticos catalanes, la euroorden de la Audiencia Nacional es política y manifiestamente abusiva.

Los letrados belgas, que han adoptado una línea común de defensa, mantienen que a "los cinco", la justicia española les reprocha opiniones políticas y hechos que tienen que ver con las libertades individuales. Y ponen como ejemplo que los textos de las cinco euro órdenes son idénticos cuando los interesados ocupaban puestos diferentes.


Desde su llegada, el fugitivo en jefe se ha dedicado a arremeter contra el gobierno español y su presidente, "fascistas que impiden un juicio justo". Nada nuevo, pues, en la estrategia a seguir, salvo que la defensa de la estrategia independentista es inaceptable en un Estado de Derecho, pues los responsables políticos no pueden elegir, en función de la agenda política del momento, las normas que respetan y las que transgreden. Tampoco conviene olvidar a Montesquieu: "la Justicia debe ser como la muerte, que no exceptúa a nadie".

La justicia belga terminará extraditando al presidente y a sus cuatro consejeros a España, pero la espera se va a dilatar, todo el tiempo que estimen conveniente letrados y clientes, para desespero de las opiniones públicas belga y española. Está claro que la cosa no va de sanción a los graves delitos que han llevado a la aplicación de la ley, sino de oportunidad y coyuntura política, máxime con unas elecciones por medio. Queda mantener la confianza en fiscales y magistrados belgas que aplicarán la ley con parsimonia pero con rigor.

Mi interlocutor valón, irónico analista, corona: "Es pues doblemente ridículo inquietarse por el 'confort' de los presos en España porque aparte de Francia, en ningún otro país de la UE pueden estar peor que en Bélgica".

Repasando el demoledor informe del Observatorio Internacional de Prisiones sobre la situación de las cárceles belgas, que tiene una de las tasas más altas de presos preventivos de Europa, no se me pasa por la cabeza que los fugitivos pudieran llegar a preferir cumplir la condena en una de las 33 prisiones belgas masificadas (veinte de las cuales datan del siglo XIX), a hacerlo en una cárcel española. Alguien tendría que haber alertado que los colchones, mantas y almohadas, que utilizan varias personas, se lavan una vez al año. Y que las sábanas se cambian una vez al mes. Y por si queda alguna duda, que pregunten a Puigdemont que conoce bien el funcionamiento y estado de las cárceles pues gestionaba las catalanas, en tanto que presidente de la Generalitat, hasta hace bien poco.

El colmo es lo que rebasa la medida de algo. También en este partido que se juega en Bruselas, se bordean los límites de la paciencia y la discrecionalidad política y judicial, al amparo del garantismo penal (en ese debate eterno entre derecho y democracia) tan bien manejado por prácticos procesales.


La adición del celo garantista al juicio político nos aleja del 21 de diciembre. Más espectáculo a añadir. Como ha denunciado el filosofo Javier Gomá: "La propaganda sistemática, industrial, de desprestigio de España en una campaña internacional de calumnias, es repulsiva pero también estúpida porque ensucia al país al que los independentistas seguirán perteneciendo siglos".

Con los candidatos haciendo campaña desde Bruselas, para disfrute de quienes siguen nutriendo a una sociedad ensimismada en el rechazo a España, de la que se quieren liberar. La justicia belga, primero, y después la española, tienen la última palabra. Y por supuesto las urnas, inapelables en su veredicto.

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