Lo sucedido en Cataluña, un golpe de Estado blando impulsado por la suma de diversos nacionalismos confabulados en conseguir la secesión, obliga a revisar los planteamientos conciliadores que se realizaron cuando Cataluña empezó a dar signos inquietantes de malestar, tras la sentencia del Constitucional de 2010 que revisaba extemporáneamente algunos aspectos del Estatuto de Autonomía reformado en 2006.
Aquella rectificación de una norma que había sido convalidada por el Parlamento español, el parlamento de Cataluña y el pueblo catalán en referéndum justificaba la irritación y las protestas del nacionalismo catalán, por más que muchos pensáramos que el acaloramiento que suscitó aquel recorte era un pretexto impostado que servía para justificar una indignación desaforada que estaba siendo fabricada desde arriba. Conviene recordar que el referéndum de aprobación de la reforma estatutaria registró una participación de apenas el 48,85% del censo, con el 73,90% de votos a favor. Las cifras no confirmaban el vehemente fervor patriótico de después, pero las demandas insistentes obligaban a debatir y negociar los cambios del statu quo que mitigaran aquel malestar. Y, como se recordará, se desarrollaron en paralelo dos tesis, una minimalista que mantenía la tesis de que era posible satisfacer las aspiraciones catalanas mediante una revisión del sistema de financiación autonómica y la renegociación de algunas competencias, y otras más ambiciosas que ya postulaban la reforma constitucional para ´federalizar´ el Estado de las Autonomías y/o avanzar hacia una especie de pacto fiscal, difícil de encajar en la inevitable negociación multilateral que habría de producirse, pero no imposible.
En el periodo comentado, la reforma constitucional se vinculaba ya a la cuestión catalana, aunque en honor a la verdad hay que decir que la propuesta de modernización de la Carta Magna es anterior, y, de hecho, Rodríguez Zapatero la planteó poco después de llegar al gobierno en 2004, dando lugar en 2006 a un célebre informe del Consejo de Estado que todavía mantiene su vigencia.
Ahora, las cosas han cambiado. Tras la violencia heterodoxa del independentismo catalán, que ha debido ser reprimido aplicando recursos constitucionales extraordinarios, ya no tiene sentido hablar de reforma constitucional para dar encaje a las reclamaciones centrífugas del nacionalismo. Es más: el resto de las comunidades autónomas no consentirían, y harían bien, que el golpe de mano catalán desembocara en graciosas concesiones a los golpistas. Ya es imposible cualquier asimetría que represente una ventaja injustificada. Y, sin embargo, el debate territorial debe producirse, y es preciso encontrar en él la solución al rompecabezas: ha de conseguirse la modernización del modelo territorial español de forma que Cataluña se sienta mayoritariamente cómoda.
Por ello tiene sentido que se constituya el próximo día 15 la comisión sobre el modelo territorial en el Congreso de los Diputados, propuesta por el PSOE. De momento, sólo participarán en ella los partidos constitucionalistas, pero esto ya es bastante para que se alcancen algunos de sus fines. Por ejemplo, para que tenga lugar en este foro un debate de la sociedad civil en el que deberían intervenir las grandes cabezas de la política y de la cátedra para reflexionar ante la mirada crítica de los ciudadanos sobre los posibles desarrollos de este país, que ha de dar pasos adelante sobre el firme basamento de la Constitución del 78.
Lo sucedido en Cataluña no desactiva la evidencia de que el desencuentro catalán ha de resolverse mediante la negociación y el pacto (más bien es al contrario: el disenso ha de ser acicate). Es posible que algunos actores del proceso que han ido demasiado lejos se hayan quemado irreversiblemente pero habrá otros capaces de tomar el relevo. Y hemos de tomar esta vía porque cualquier otra, la de la confrontación por ejemplo, siempre será por completo inaceptable.
